• Esther Clavero Mira - Profesora Asociada de la

Participación ciudadana: una herramienta en la lucha contra los usurpadores de la democracia


Fuente: somosmafia.com

Resumen


La participación ciudadana es la esencia para hacer sólida la democracia. Es una vía de confluencias para que la democracia se fortalezca y la ciudadanía pueda evaluar permanentemente la gestión de sus representantes políticos mediante la accountability de este sistema. Estas evaluaciones, a su vez, hacen que la percepción de muchos ciudadanos se convierta en palanca de su propio desarrollo económico local. La transformación de los sistemas se debe hacer desde la visión de una ciudadanía participativa, y en el compromiso de aumentar la calidad de sus instituciones, porque desde ese impulso de mejora se llega al resto de esferas. Sin esa palanca de impulso a la eficiencia no podremos avanzar en resolver el problema de las incompatibilidades, de las puertas giratorias, de las prebendas encubiertas en los contratos públicos y de las compensaciones a las burocracias públicas por los favores en las gestiones realizadas.


Palabras clave: Democracia, participación ciudadana, ciudadanía, gasto público, rendición de cuentas.

Introducción


Durante muchas décadas la democracia ha funcionado de forma irregular, con enfrentamientos y permanentes exclusiones, cuando no, en periodos oscuros en donde las libertades no existían. Hoy nos encontramos en una situación de tránsito, en el final de un periodo de la historia que se ha agotado. Los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible así lo ponen de manifiesto: o cambiamos este planeta o será imposible que más de siete mil millones de ciudadanos y ciudadanas soporten una situación en la que se sienten aplastados. Por este motivo consideramos que es el momento de impulsar un espacio colectivo para desarrollar la convivencia, la ética social y el buen gobierno, con mecanismos que nos aproximen y que eliminen barreras para poder construir nuestras propias oportunidades, revitalizando la democracia desde el compromiso ciudadano que significa participar en lo que es nuestro.


Desde la metodología participativa se consigue mejorar la calidad de nuestras instituciones y fortalecer los sistemas constitucionales. No se podrá nunca rescatar a la democracia maltrecha por las sucesivas crisis sin la ciudadanía, porque la democracia es un proyecto compartido, y su futuro depende de cómo sepamos vivir desde un presente complicado ese sentido del nosotros. La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida pública es una práctica milenaria, no es un invento de la sociología actual. Sin embargo, lo que sí es novedoso es el giro que se le ha dado para compartirla con las prácticas de la democracia representativa tradicional en lo que podríamos llamar una democracia mixta, recogiendo el símil de la economía mixta o economía social que tanto arraigo tiene en la diferenciación de los sistemas económicos. Y al igual que son compatibles los dos sistemas económicos, de la misma forma hay que desarrollar la compatibilidad de estos dos sistemas democráticos, dado que son dos sistemas que trabajan como síntesis de la acción ciudadana para la reconstrucción de un sistema que se ha debilitado. Las propias demandas sociales –que tienen sus raíces en los procesos de desigualdades económicas–, se han traducido en un sistema político que ha ido configurándose mediante una concentración de poder y una pérdida de conexión con el ciudadano por la propia concepción patrimonialista que impera en el sistema. Es por ello que el ofrecimiento de oportunidades del sistema económico sirve y es adecuado para la prosperidad compartida en la gestión de lo público, puesto que es en los bienes públicos, como bien ha definido y analizado Ostrom (2015) en sus estudios sobre el bien común, en donde más se puede apreciar la esencia de la gestión compartida.



¿Qué respuesta esperamos de la ciudadanía?


La ciudadanía observa atónita y manda mensajes en las consultas y en las diferentes elecciones que se producen a nivel local –ayuntamiento–, territorial, de gobierno federal o autonómico, así como a nivel nacional o incluso a nivel de la Unión Europea. En todas se ha recogido un mensaje novedoso: “entiéndanse en la diversidad, gobiernen hacia aquellos amplios objetivos en los que coincidan y consulten en aquellos en los que discrepen”. Abrir las instituciones, hacerlas transparentes, eficientes y de calidad, es uno de los Objetivos de la Agenda 2030. Por tanto, disponemos de una década para realizar este cambio si no queremos fracasar en un proyecto clave para superar las debilidades de un sistema que ha llegado a lo ingobernable. ¿Por qué tener miedo a consultar directamente sobre temas como por ejemplo el derecho a una muerte digna, o sobre las formas de financiación, la presión fiscal a los beneficios empresariales, o sobre las competencias de los diferentes gobiernos para que no se solapen? Muchos de estos y otros temas no se han resuelto por mantener unas sociedades surgidas en el siglo pasado, con una clase dirigente funcionarial que ha secuestrado al Estado y con un mundo que se ha abierto en canal apostándolo todo a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Cuanto más se tarde en caminar hacia ese nuevo futuro, más caro se pagará.


La ciudadanía tiene la misión de ser la controladora de la gestión pública. Muchos fueron los que pensaron hace más de treinta años –con las primeras experiencias de los presupuestos participativos– que había que dominar a la “bestia” antes de que ésta nos devorase a todos. Las personas, decía Goethe (Faust verso 3457), son humo y espejos, y en esa metáfora tenemos que pensar que ciertamente el sistema nos puede convertir en humo si no sabemos ser espejos en donde nos podamos mirar todos y todas para desarrollar nuestras capacidades. Se trata de convertir lo que Carlos Marx nos dejó como fórmula venerable “dinero = a más dinero” en “democracia = a más democracia”. Hay que pasar de un momento de inestabilidad a otro estadio de más seguridad, mediante ese plus que le da la participación de la ciudadanía a los proyectos. Asimismo, los estudiosos del sistema de reformas de la burocracia pública señalan la necesidad de la separación de ambas carreras (la funcionarial de la política) para obtener una sociedad con instituciones de mayor calidad, pues una conclusión derivada de dichos planteamientos propuestos en la obra de Dahlström y Lapuente (2019) es que la organización de ese Leviatán o se hace de abajo a arriba –empezando por exigir méritos y capacidad a todos los empleados públicos y con una rendición de cuentas activa – o seguiremos, por desgracia, en un sistema clientelista, corrupto, ineficaz y fácilmente en poder de los monopolios o de los populismos que unos y otros apoyan.


Por tanto, esperamos de la ciudadanía una apuesta y un compromiso que, si bien es un paso no arriesgado, frena en seco el desgobierno de lo público. Un deseo que no es hilar demasiado fino, sino que enlaza con los objetivos de superación de la actual crisis en la que nos encontramos. De ello se deduce que la primacía de la ciudadanía dentro del proceso político es una fuerza que vitaliza la democracia, abre los gobiernos y las instituciones y nos sitúa en una posición coordinadora entre las iniciativas y las posiciones normativas, todo ello en beneficio de una continua cooperación instituciones-ciudadanía. Se ha de luchar por captar la atención de una sociedad durmiente que no sabe cómo superar su depresión actual, pero que sufre en sus tejidos sociales las desigualdades que el sistema le impone. Del mismo modo, se ha de luchar contra la erosión social, porque las restricciones que sufrimos en nuestros barrios y ciudades contrastan con ese proceder parasitario de un sistema que es capaz de producir, pero que no devuelve eficientemente a su ciudadanía lo que esta demanda. Se han apropiado de la política y por eso la ciudadanía pretende a través de los procesos de participación decir que no quiere seguir sujeta a este fracaso del sistema. No hay adversarios en este proyecto porque somos fuerza integradora, pero somos conscientes de que no es un camino fácil debido a las cadenas de intereses que imperan. Observamos, atentos, que avanzamos, pero se requieren muchos esfuerzos para impulsar dicha participación. Sin embargo, tenemos una perspectiva realista: ¿es todo esto posible? Tenemos que decir con firmeza que sí porque tenemos respuestas. Unas respuestas que, compartidas con el compromiso de la ciudadanía en estos procesos, irán poniendo en evidencia que son una alternativa y que no quitan a nadie, sino que suman y que complementan al sistema, lo refuerzan, lo impulsan y lo limpian. Un tres por uno, una buena oferta para un sistema caduco que solo piensa en incrementar la riqueza cuando el futuro está en cómo disfrutamos lo que entre todos hacemos y que hasta ahora unos pocos se quedan. Este modo de vivir en los espacios locales, las municipalidades o las metrópolis de nuestras ciudades han fomentado un resentimiento que atiza la polarización, radicalizando nuestras sociedades en un complicado enfrentamiento de populismos y separatismos, unas veces territoriales y otras veces étnicos. Es evidente que las respuestas de las instituciones democráticas deben abordar estos problemas precisándose, para ello, unas herramientas que coordinen con la ciudadanía metodologías que nos conduzcan a una participación estratégica y que impulsen objetivos de cambio social. Se trata de desarrollar políticas que desde la visión real de los problemas del día a día afronten la desigualdad económica y respondan a los retos de cómo organizar la sociedad, utilizando, para ello, mecanismos como son los presupuestos participativos.



El presupuesto participativo como mecanismo de priorización y su control


El presupuesto participativo puede definirse como un mecanismo o un proceso por el cual la población define o contribuye a definir el destino de todos o una parte de los recursos públicos, por lo que, en términos generales, es una nueva forma de toma de decisiones que involucra activamente a la ciudadanía en la priorización del gasto de los recursos públicos (Cabannes, 2015; Goldfrank, 2006). Tienen un objetivo claro: dar respuesta a las prioridades de la población para así abrir las instituciones con el fin de que la ciudadanía pueda participar y mejorar la calidad de las mismas, con más transparencia, más ética y abriendo caminos en la agenda de los proyectos públicos. Son un puente entre las muy diferentes franjas de los electorados de un mismo municipio, mientras que la convivencia que se establece en la priorización de los objetivos impulsa a generar más efectos positivos que negativos. Abrir el gasto público y participar en su gestión es un camino para reducir desigualdades, puesto que nos situamos todos en la misma esfera de las decisiones y esto contribuye a fortalecer una coalición de ideas dentro de la comunidad local que hacen más fuerte la política y sus objetivos de democracia real. Este tipo de procesos genera, del mismo modo, una serie de aprendizajes entre sus participantes, un refuerzo de su identidad grupal, un sentimiento de comunidad, una mayor confianza institucional y una mejora de la calidad de la gobernabilidad, una mayor red social, una mayor transparencia de la gestión, un mayor capital social, una menor corrupción y unos mayores ingresos públicos (Allegretti, García-Leiva, y Paño, 2011; Cabannes, 2004; Francés y Carrillo, 2015; Kajumulo, 2004; Touchton, Wampler, y Peixoto, 2019).


Hablar de los procedimientos de la política y sus nuevas formas de organización es también abordar sus límites, sus formas de organización, sus sistemas de valoración, sus participantes y la independencia de los aparatos políticos en los procesos. No podemos a estas alturas del conocimiento y de la sociedad virtual en la que nos movemos, pensar que participamos en un presupuesto participativo para, por ejemplo, decidir si hacemos una obra en un polideportivo de una ciudad o mejoramos unas vías o conducciones de agua. El motivo por el cual se debe dar un paso en esta forma de organización participativa es producir un cambio de gestión de lo público en un proceso continuado de decisiones de la ciudadanía desde abajo hacia arriba. Asimismo, una mala gestión del mismo podría ser contraproducente al generar sentimientos de frustración o engaño, entre otros, por parte de la ciudadanía, de ahí la importancia y la necesidad de ser rigurosos y totalmente transparentes. Un proyecto participativo y de Gobierno Abierto no debe impulsarse si no es una herramienta cogestionada con la ciudadanía y controlada por un organismo independiente, como son los Consejos de Transparencia. De cualquier otro modo no hay garantías, y si no se cuenta con éstas nos encontramos con la falacia de engañar con un mensaje hueco de contenido que solo pretende conseguir cierta imagen que al final resulta ser perniciosa porque altera el sentido de los proyectos e iniciativas de regeneración.


Por ello se precisa reavivar las instituciones de control. Ya existen las de tipo financiero y de auditoría, pero hay que potenciar las nuevas instituciones de control para desarrollar los Gobiernos Abiertos, y son los Consejos de Transparencia y Buen Gobierno los que deben acompañar en este viaje del cambio para abrir las instituciones. Existen dos vías esenciales a promover y a controlar: la apertura del gasto público para que la ciudadanía priorice y lo controle, y la participación de los gestores públicos, a los que la ciudadanía tiene que evaluar en su papel de apoyo. Es precisamente en este proceso donde intervienen los Consejos de Transparencia y Buen Gobierno con el fin de controlar las formas de gestión. De este modo, las movilizaciones sociales se tienen que realizar desde dinamizadores independientes y ser controladas por instituciones diferenciadas de aquellas que asumen los objetivos finales, porque de lo contrario nos introducimos en el complicado mundo de la agitación. Se realiza este trabajo de impulso de la participación para eliminar la burocratización de las aspiraciones ciudadanas y recibir experiencias constructivas de una forma eficaz de la acción colectiva. El tiempo nos revelará su coherencia y los resultados acerca de su sostenibilidad, porque uno de los enigmas que tenemos que asumir es cómo se produce el cambio social y contribuir a ello con estrategias que lo faciliten, sabiendo que tendremos estancamientos, situaciones estériles y algunos retrocesos, dado que en los procesos sociales y políticos se producen con frecuencia trastornos bipolares que hacen perder el sentido de la realidad.


Asimismo, son totalmente contraproducentes los procesos de espectacularización de estas iniciativas, puesto que la ciudadanía, impotente, se ve atrapada en una maniobra de propaganda del político que las está instrumentalizando. Se ha de ser lo suficientemente inteligente como para articular dos lógicas distintas que deben coordinarse, teniendo muy claro que ninguna debe sustituir a la otra: i) la iniciativa ciudadana, que exige y a veces protesta, y ii) la lógica política que racionaliza y la pone en práctica. Se trata, por tanto, de ejecutar las preferencias, sin miedo a la crítica, de aquellos que no participan, porque aumenta la confianza institucional de aquellos que sí lo han hecho. Es, lo que denomina Rosamvallon (1995) “democracia sin política”, que no ha de confundirse con la contrademocracia de la vida de las instituciones, ni con los populismos, puesto que va directamente a debilitar a aquellos grupos que desde siglos se están beneficiando del statu quo.



Del patriarcalismo a la rendición de cuentas


Nos encontramos en la fase de comprender la democracia (Innerarity, 2018), una ciudadanía que comprende porque es observante y crítica con el poder político. En los procesos políticos, aquel o aquella que expresa una voluntad participando en la forma de priorizar el gasto tiene que asumir que existe una lógica política de ejecución, que es la evaluación. La función de los partícipes en estos procesos socialmente abiertos es garantizar que sean efectivamente abiertos, y esto solo lo pueden hacer las instituciones con independencia. Aquí no hablaremos de procesos electorales, ni de réditos políticos, ni de quién se apropia del resultado, sino que es la ciudadanía la que es el principio y el fin. Es por ello que los políticos son los facilitadores del proceso, abren las instituciones –dado que la democracia representativa les ha dado esa facultad–, teniendo presente que esto debe hacerse sin interferencias.


Huimos del reformismo revolucionario de Gorz (1991), cuando afirmaba entrar a las instituciones para cambiarlas, ni estamos influenciados por las ideas de Laclau (2005) sobre los conceptos de los vacíos significantes, que dirigidos a la ciudadanía construyen hegemonías de posicionamientos ideológicos. Sin embargo, estamos a favor de esa ciudadanía que desea cambiar la política sin ser cooptados por el sistema y desarrollar una nueva política de rendición de cuentas en donde la generación joven pueda sentir que se le da el espacio necesario para diseñar su futuro. Una de las posibles soluciones para afrontar el deterioro democrático pasaría por las nuevas incorporaciones de los y las jóvenes a la acción política. No obstante, para que esto sea así hay que saber rendir cuentas. Unas cuentas claras de lo hecho, de lo realizado, de lo no ejecutado y de tantos “elefantes blancos” que no sabemos cómo vinieron a la vida pero que tenemos que mantener por decisiones erróneas o corruptas de los que nos gobernaron. La rendición de cuentas es, por tanto, la nueva transición, dado que supone tanto una ruptura de las formas del pasado, como la posibilidad de vivir y experimentar que del caos actual se puede pasar a una sociedad creativa con el fin de que la democracia no se muera. Es, a fin de cuentas, el fertilizante sobre un sistema decadente para que las instituciones superen el reto de la buena gobernanza.


Vivimos en una sociedad cuyas formas democráticas están recogidas en la Constitución. Sin embargo, para garantizar esos derechos y libertades de todos los ciudadanos y las ciudadanas sin excepción, se precisa una necesaria aplicación de un ordenamiento positivo que filtre estas aspiraciones y las deje reguladas siguiendo criterios en favor de los grandes intereses de la economía. No hay que perder mucho tiempo, pues está en la memoria de todos y todas las medidas tomadas en la reciente crisis económica y los elevados costes sociales que se han soportado. El daño causado a toda una generación que se ha encontrado con un cambio de modelo, sin que nadie lo explique, salvo para decir que es mejor tener un empleo precario que ninguno. Nos han dejado como hace siglos, con nuestro violín, para que vayamos de esquina en esquina y ver lo que sacamos. Esa individualización se ha extendido como una maldición y el conjunto de los ciudadanos soportan colas en el paro y la precariedad como una tabla de salvación. Las grandes fortunas en la sombra, las grandes empresas reduciendo costes y ganando más en sus cuentas de resultados y evaporizando la economía en plataformas para que difícilmente se puedan controlar, puesto que lo que les interesa es el beneficio y que la ciudadanía acepte el proceso actual como una modernidad de las startups.


Es el nuevo patriarcalismo de una economía de grupos dominantes de la vieja sociedad que ha ido evolucionando desde el siglo XIX, donde primero fueron terratenientes y luego burgueses comerciantes y fabricantes para una sociedad de consumidores a los que se les fijaba las reglas del mercado, representando éstas una concepción interesada del derecho de cada época, un progreso que era en realidad diseñado desde los think tank del propio sistema, como por ejemplo las diferentes escuelas que han marcado el ritmo como la austriaca, de Chicago, etc. Esto no ha sido pacifico, y han surgido en la historia movimientos y acciones que han alterado el orden impuesto. Puede considerarse que desde la Revolución de 1848 quedó establecido un sistema patriarcalista muy similar al que con mucha más modernidad y nuevas tecnologías impera en nuestra sociedad a pesar de la democratización de la sociedad. El sistema ha ido saliendo vencedor de esta pugna y hoy en día podemos afirmar que, a pesar de los muchos intentos igualitarios, las luchas sindicales y las muy diferentes experiencias de una economía social, los grupos financieros y del monopolio mundial son los que dominan nuestras vidas.


Sin embargo, la ciudadanía activa sigue pensando que tiene respuestas diferentes, y no se da por vencida. Son muchos los que animan a continuar en esta revolución del “poco a poco” como nos animan Robinson y Torvik (2005) cuando sostienen que el objetivo es recuperar los ideales de una sociedad democrática que luche contra las desigualdades, porque será un gran despertar colectivo que irá cristalizando en un proyecto muy trasversal y de carácter internacional. Son las fuerzas que impulsan esa nueva sociedad de mujeres y hombres, jóvenes de las nuevas generaciones que se han criado en la crisis del sistema y que quieren una sociedad diferente, ya que no entienden lo que ahora tienen que vivir.


Ya no estamos en la lucha de clases, sino que se ha configurado un bloque de ideas dominantes que han secuestrado los medios de comunicación, que han sustituido las ideas por algoritmos de inducción al consumo, y que han convertido el trabajo en una mercancía que se compra por horas y a la baja. Y esta compleja situación la vivimos en las ciudades y en los barrios, condicionando la vida cotidiana, y como no se resuelve mediante opciones con visión de futuro, se hunde más a la ciudadanía en su desesperación. De ahí que el fenómeno de la ludopatía se ha convertido en una enfermedad dependiente de las expectativas que es capaz de ofrecer el sistema, donde la falta de emoción por la vida ha llegado a incrementar el número de suicidios. La emoción en la ciudadanía puede y tiene que desarrollarse mediante la búsqueda de formas de controlar al “monstruo”, ese nuevo parque Jurásico que ha creado el invisible sistema financiero para dominar todos los rincones del planeta. Desde la visión de un realismo histórico, la ciudadanía tiene que dirigirse a los instrumentos que le pueden dar la oportunidad de convertirse en un caballo de Troya en este sistema, y la accountability es la mejor herramienta para hacer de alicate y cortar las mayas que protegen lo que hay detrás de las fronteras invisibles y sus concertinas. Abrir el gasto, sea el público o el privado, es la posibilidad de analizar los resultados, es poner los focos para conocer el funcionamiento del sistema y sus desviaciones. Se trata de poner en práctica las recomendaciones que Fondo Monetario Internacional desarrolla en su manual de Transparencia Fiscal, donde se alerta a la ciudadanía para que impulse el control de sus instituciones públicas. Nuestro poder de negociación aumentará a medida que avancemos en el control de las instituciones públicas.


Es esta moderna desamortización la que busca la forma de apropiarse de los derechos en beneficio de una clase dominante, minoritaria, la conocida como el establishment, y que se favorece descaradamente en todo el tráfico de la gestión de lo público. Es el desgobierno de lo público que con tanto acierto nos describió Nieto (2008) hace décadas. La ciudadanía tiene que hacer suyas las herramientas de control, porque de esa forma recuperará la iniciativa, construirá sólidamente el futuro de esa nueva sociedad y sus vidas en las ciudades no serán fruto de chantajes, corrupción y especulación, sino que las iniciativas ciudadanas serán el nuevo resurgir de la historia.



En la búsqueda de la conciencia colectiva: de la “gig economy” a los acuerdos de Aahrus


Si observamos la evolución de nuestras formas de producción, sus legislaciones y los métodos de trabajo y organización, podemos afirmar que su desarrollo ha caminado por una línea de defensa de las libertades y conquista de la democracia, pero acompañado de un imparable triunfo de un capitalismo cada vez más poderoso. Un sistema que ha sabido manejar desde el fantasma de las comunas, los soviets, a cuantas experiencias se aproximaban a la anulación de la propiedad privada para garantizarse su crecimiento, atacando siempre a unos movimientos sociales que surgían de las aspiraciones de la ciudadanía y que nunca llegaban a tener la capacidad del mando único de las grandes corporaciones. Ese fue el gran duelo que libraron Margaret Thatcher y Ronald Reagan frente a los sindicatos, que dio como resultado la pérdida de poder en la contratación, y esa es la conclusión a la que desde hace décadas llegó la retribución del trabajo, su nómina, que es la que refleja su fuerza, y como su fuerza es débil, sus salarios son bajos.


Estamos entrando en una nueva forma de relaciones que se ha denominado como la “gig economy” de la que se puede afirmar que es claramente el nuevo término para designar una moderna forma de la servidumbre del Siglo XXI. Esa nueva forma de atraer operarios independientes con autocontratos y que por lo general no tienen acceso a los servicios sociales. Estas nuevas relaciones puede que dentro de unos años, dos o tres, alcancen a un tercio de la población trabajadora, el autónomo independiente, con un contrato único y dependiendo de su propia capacidad y de la demanda del mercado. Un costo variable para el sistema económico en donde su negocio consiste en la organización virtual de las relaciones mediante plataformas que ponen en contacto a la oferta con la demanda, donde sin riesgo se hace caja y se obtienen cuantiosas ganancias.


El Convenio de Aarhus –que regula el acceso a la información, participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente–, es un tratado internacional que regula los derechos de participación de la ciudadanía en todo lo relacionado con el medio ambiente. Fue firmado el 25 de julio de 1998 por 51 Estados de Europa y Asia Central. España lo ratificó en el 2004 y dos años después, aprobó la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que aplica en España las disposiciones del Convenio.


Aquí deseamos resaltar cómo un derecho internacional, en una materia tan sensible y tan maltratada, se estructura en torno a la participación ciudadana utilizando los mecanismos de la participación, la información y el acceso a la justicia, dado que es el brazo ejecutivo que tras la denuncia puede ejecutar y sancionar. Esto obliga a las Administraciones a ponerse a disposición de los ciudadanos y darles TODA la información. Sin embargo, por ejemplo, en la Región de Murcia esto no siempre es así. En este caso cabe señalar dos temas muy sensibles: el Mar Menor, y el Transvase Tajo Segura. El primero es una laguna contaminada por la sobreexplotación agrícola y un desarrollo urbanístico descontrolado. El segundo es un problema que afecta a más comunidades, y hace relación al aprovechamiento de sus aguas y los equilibrios ecológicos de la cuenca para determinar los caudales trasvasables, que en muchas ocasiones conlleva una sobreexplotación en la Cuenca del Segura con pozos, muchos de los cuales han sido realizados sin licencia y constituyen un auténtico robo de la posibilidad de equilibrio de los acuíferos. ¿Por qué la ciudadanía no decide sobre lo común? ¿Por qué son los señores del agua los que reclaman para ellos lo que es de todos? Empecemos por aplicar los derechos comunes y lleguemos a una distribución de lo que sea justo y posible.


Kofi Annan, en su etapa como Secretario General de las Naciones Unidas afirmó que “aunque de alcance regional, el significado del Convenio de Aarhus es global. Es con mucho la aplicación más impresionante del décimo principio de la Declaración de Río, que establece la necesidad de la participación ciudadana en los aspectos medioambientales y de que las autoridades públicas garanticen el acceso a la información medioambiental. Con ello representa la aventura más ambiciosa en el área de la democracia medioambiental tomada bajo el auspicio de las Naciones Unidas”. Si hemos traído esta referencia es porque estamos viviendo una moderna aplicación de lo que se ha llamado el land grabbing, la usurpación de tierras, ese fenómeno que ya ha sido denunciado por activa y por pasiva con el informe global de GRAIN (2018) en donde se sacaba a la luz más de un centenar de casos de operaciones en las que los gobiernos –principalmente africanos, pero también del sudeste asiático y de América Latina– habían realizado concesiones a empresas extranjeras de grandísimas extensiones de tierras que tradicionalmente eran cultivadas por los campesinos de esas localidades.


Y de la tierra nos pasamos al agua. Tanto para aprovechamientos agrícolas, como para poner en producción centrales eléctricas, nos expropian los derechos. Y es aquí donde resaltamos que nos encontramos en una economía “gig” en donde la constante es el fenómeno tan decisivo del aumento continuo de la desigualdad, y no solo en el mundo subdesarrollado, sino también en el mundo desarrollado.


Los gobiernos, tal y como afirma Fontana (2019), siguen apoyando políticas que favorecen el enriquecimiento de una minoría, como evidencia la reforma de los impuestos llevada a cabo por Trump y que con tanta facilidad se ha extendido por Europa con sus imitadores en nuestras políticas locales, regionales y nacionales. Se reduce la presión fiscal a las grandes empresas financieras que reciben un doble trato de favor: pagar menos en su implantación local y disfrutar de los paraísos fiscales consentidos en la UE, como son los casos de Suiza, Holanda o Irlanda.


Hoy se habla mucho de crecimiento, afirma Loenhardt (2018), pero lo que estamos viviendo es una era de una economía muy oscura, con un estancamiento muy parecido a la Gran Depresión. La economía de “gig” nos ha dejado únicamente un violín para ganarnos la vida llamando la atención de esquina en esquina para cumplir un fácil eslogan, “vosotros colaboráis, nosotros cobramos”, y mientras tanto descubrimos nuevas áreas laborales uberizando la mano de obra. No nos sometemos a ninguna regulación, eso es una antigualla, decía Andres Oppenheimer en una entrevista, “las compañías con muchos empleos cerrarán porque no podrán soportar los gastos, el futuro es operar como UBER”. Es por ello que Silicon Valley se dirige hacia esa posición dominante con un crecimiento vertiginoso, pero ya no se inventa nada, no se altera nada, solo las nuevas creaciones se centran en modelos donde las manos tecnológicas impulsan las nuevas ideas como Essy, Elance, Airbnb, Love Home Swap o Task Rabbitt, entre muchos. Facebook y Twitter fueron el punto de partida. Desde ahí se opera con mínimos costes y el camino es convertirse en mediadores dominantes.


El argumento de la libertad, de que podemos trabajar con horarios flexibles, y de que esta economía del “gig” es la nueva versión del Estado del Bienestar en este nuevo siglo, es querer ponerle alfombra roja a un nuevo sistema de explotación. Y no podemos estar más en desacuerdo con Hillary Clinton, que ha caído en esa trampa declarando “lo siento por vosotros, chicos, pero tendréis que acostumbraros al nuevo modelo”. La trampa de ese modelo es que nos ofrecen la libertad de entrar y salir a nuestras necesidades y marcar los ritmos, cuando por los resultados, a lo que se obliga es a trabajar más y con más precariedad. Es un modelo muy concentrado donde a muy pocos les ofrecen unas condiciones aceptables y al resto solo le queda aceptar o ser excluidos. Es una mala copia de las condiciones financieras de los monopolios bancarios. No se ve que esa sea la economía del futuro para una sociedad del Bienestar.



Conclusiones


La participación ciudadana es la respuesta que espera la democracia como un compromiso colectivo de sus miembros como el principal motor de su propio progreso social. Es importante insistir en la fuerza compensatoria que tienen los proyectos de participación cuando se instalan en los mecanismos de gestión pública los efectos de la eficiencia y la eficacia, la lucha contra la corrupción, el clientelismo y los despilfarros de las inversiones públicas. La participación ciudadana es “la nueva voz que no cesa”, y, como ocurre en los versos de Miguel Hernández, debemos encontrar ahí la ilusión que a veces nos falta.


Buscamos una conciencia colectiva. No es una llamada a otros intentos de conquistas sociales que muchas veces se califican de panfletarios. Lo que buscamos con este trabajo es poner de relieve en qué momento estamos y el daño que está causando aceptar como nuevo sistema lo que a todas luces es un atropello a los derechos. Ese es el compromiso colectivo que buscamos, más sensibilidad social, más mentes abiertas a este nuevo mundo que pretende cambiarnos y convertirnos en nuevos servidores de un sistema invisible, pero que tiene señores al mando. Necesitamos hacernos muchas preguntas, analizar muchas promesas electorales y ser muy cautos con los espectáculos televisivos por la polarización que se está viviendo en el mundo.


Muchos darán cuenta de las cosas que les favorecen, señalarán al contrario como culpables de las que no han cumplido, pero es la ciudadanía la que tiene que tomar el timón, convertir el espectáculo en un ejercicio de responsabilidad y establecer que la accountability es un proceso serio para analizar y evaluar si las cosas se están haciendo de un modo correcto. Una ciudadanía responsable solo pretende ver los deseos hechos realidad en su vida cotidiana y ver muy alejados los intereses corporativistas y el clientelismo político. Queremos pasar página, pero quedando dueños del libro, porque si el libro sigue siendo de los mismos y se guarda en “su biblioteca” hemos caído en la trampa que nos han tendido desde hace siglos. El verdadero futuro o es compartido, o será un nuevo engaño.



Referencias


Allegretti, G., García-Leiva, P., y Paño, P. (2011). Viajando por los presupuestos participativos: buenas prácticas, obstáculos y aprendizajes. Málaga: Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA).

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Cabannes, Y. (2015). Basics tools to navigating the world of participatory budgeting. En Y. Cabannes y C. Delgado (Eds.), Another city is possible! Alternatives to the city as a commodity series. Participatory Budgeting, Dossier No. 1 (pp. 22–28). Lisbon.

Dahlström, C., y Lapuente, V. (2018). Organizando el Leviatán. Barcelona: Deusto.

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Goldfrank, B. (2006). Los Procesos de “Presupuesto Participativo” en América Latina: Éxito, Fracaso y Cambio. Revista de Ciencia Política, 26(2), 3–28.

Gorz, A. (1991). Capitalismo, socialismo y ecología. Madrid: Ediciones Hoac.

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Innerarity, D. (2018). Comprender la democracia. Gedisa Editorial.

Kajumulo, A. (2004). Introducción. En ¿Qué es y cómo se hace el Presupuesto Participativo? 72 respuestas a Preguntas Frecuentes sobre Presupuestos Participativos Municipales (pp. 12–14). Quito: UN-Hábitat.

Laclau. E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

Loenhardt, D. (23 de abril, 2018). A Time for Big Economic Ideas. New York Times.

Nieto, A. (2008). El desgobierno de lo público. Editorial Ariel.

Ostrom, E. (2015). Governing the commons. Cambridge: Cambridge University Press.

Robinson, J. A., y Torvik, R. (2005). White elephants. Journal of Public Economics, 89(2-3), 197-210.

Rosanvallon, P. (1995). La nueva cuestión social: repensar el Estado providencia. Ediciones Manantial.

Touchton, M., Wampler, B., y Peixoto, T. (2019). Of Governance and Revenue Participatory Institutions and Tax Compliance in Brazil. World Bank Policy Research Working Paper 8797.





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