- Natalia Carolina Arias - Universidad Nacional de
Políticas públicas y ampliación de derechos: el presupuesto participativo en las universidades nacio
Resumen
El uso del Presupuesto Participativo traspasó la frontera jurisdiccional de los gobiernos locales para alcanzar a las universidades públicas, un lugar, donde en general se investiga y estudia sobre el Presupuesto Participativo (PP), se asesora a otras dependencias gubernamentales y se colabora en implementarlo. Sin embargo, un conjunto de estas instituciones han decidido dar un paso más y ponerlo en marcha dentro de ellas.
La razón de este trabajo es analizar y dar cuenta sobre las experiencias de implementación del PP en aquellas instituciones universitarias públicas que se han “animado” a aplicarlo y en la actualidad desarrollan esta política: la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (FCPyRRII-UNR), la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (FFyH-UNC). Todos casos que aún están atravesando una etapa de avance y requieren de un proceso de consolidación.
Esta política se adapta, desde el ámbito territorial al universitario, para democratizar la gestión universitaria y ampliar los espacios de participación. El involucramiento por parte de los miembros de la comunidad universitaria se refleja en el interés demostrado en la participación y en la cantidad y calidad de los proyectos presentados y sus temáticas, que apuntan a asuntos relacionados con mejoras en la infraestructura, incorporan nuevos servicios que benefician al conjunto de la comunidad y ponen en juego capacidades innovadoras en las posibles soluciones. La participación está dada de manera interclaustros, quiebra la lógica y los intereses que puede tener un claustro en particular, y piensa soluciones para las necesidades colectivas de la institución.
El PP ha fomentado la ampliación de la ciudadanía universitaria y generado “valor público”, y más importante aún, destaca a la Universidad como un actor social relevante en el debate y en la construcción de políticas públicas.
Palabras clave: Universidad, Educación Superior, Participación, Democracia, Derechos.
Introducción
El crecimiento del conjunto del sistema universitario nacional tuvo un primer momento entre fines de la década del 60 y la primera mitad de la siguiente, cuando se crearon las Universidades Nacionales de Rosario, Comahue, Río Cuarto, Catamarca, Lomas de Zamora, Luján, Salta, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Centro de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata y la Patagonia. Hasta entonces el sistema universitario estaba compuesto por nueve universidades (Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Litoral, Cuyo, Tecnológica Nacional, Nordeste y Sur).
Esa ola fue sucedida por otras dos. Una, hace poco más de veinte años, cuando entre 1989 y 1995 se crearon las universidades nacionales de Quilmes, La Matanza, San Martín, Tres de Febrero, Lanús, General Sarmiento, Formosa, Patagonia Austral y Villa María, y fue nacionalizada la de La Rioja.
En la última década, el sistema universitario público argentino ha vivido otro proceso de fuerte expansión, que desde 2003 a la fecha alumbró la creación de once instituciones universitarias: Arturo Jauretche, Avellaneda, Oeste, Moreno, José C. Paz, Chilecito, Chaco Austral, Tierra del Fuego, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Villa Mercedes. Las primeras cinco de estas universidades se encuentran en el Conurbano Bonaerense.
Entre los sesenta y los setenta, la expansión tendió, sobre todo, a la ampliación de la cobertura geográfica del sistema de universidades públicas hacia el interior del país. La segunda impactó especialmente en el incremento de la red de universidades nacionales en el Conurbano Bonaerense, y la última combina en partes semejantes ambos impulsos. No hay casi ningún rincón de la mayor región metropolitana del país y ninguna de las provincias sin una universidad pública en su territorio.
En poco más de cuatro décadas, el sistema universitario ha dejado de ser algo compuesto por un puñado de universidades para pasar a ser un sistema extenso, grande, complejo y denso integrado por instituciones de distintos tamaños, características y dinámicas institucionales.
La expansión trajo aparejada una mayor diversidad en la oferta académica, nuevas e innovadoras carreras de pregrado, grado, posgrado y formación continua, en campos y áreas del conocimiento que hasta algunas décadas no formaban parte de las opciones que brindada el sistema universitario nacional.
Ahora, estamos frente a unos de los desafíos principales del sistema universitario, que no es solamente posibilitar, por cercanía geográfica, el acceso a la educación superior, sino el de garantizar a todos un “derecho ciudadano universal”.
Decimos que es el principal desafío, porque la operación de convertir en un derecho algo que hasta no hace demasiado tiempo se vivía como un privilegio es mucho más que un giro retórico. Para garantizarlo de manera plena, efectiva y exitosa, se requiere de un despliegue de políticas públicas y de asignaciones presupuestarias acordes y en línea con ese objetivo.
En efecto, en estos últimos años existió la decisión política de dotar de una mayor asignación de recursos (humanos, presupuestarios, tecnológicos) al sistema universitario y de ciencia y técnica, de manera de ponerlos a la altura del desafío.
Esos avances notorios, cuyo detalle es tan extenso que excede el propósito de este artículo y sería imposible desarrollarlo en pocas líneas, no se han correspondido sin embargo con algo que es una asignatura pendiente: la modificación de la Ley de Educación Superior (LES) que rige desde el año 1995. Esa norma, podríamos decir, posee una concepción mercantilista del conocimiento, niega su valor como bien social, sanciona formas aristocráticas de gobierno y liga los derechos políticos y la ciudadanía universitaria al rendimiento académico, solamente para citar algunos asuntos que hacen de esta ley una norma inadmisible para dar cuenta de los desafíos enunciados en los párrafos anteriores.
Entonces, si comprendemos que los derechos son componentes fundamentales de la ciudadanía y, a su vez, la ampliación y universalización de esos derechos son un signo de democratización de la vida colectiva, al mismo tiempo que exigimos la modificación de la LES debemos exigir y trabajar para que las instituciones universitarias también produzcan cambios y/o modificaciones en sus formas y modos de organización interna y su vinculación con el territorio.
Algunas universidades nacionales han decidido avanzar con la aplicación del PP como forma de involucrar a los actores de la institución para favorecer la democratización del proceso de toma de decisiones e intervenir en la discusión y distribución de una parte del presupuesto universitario.
El PP no es un producto acabado, perfecto o indiscutible. Por el contrario, es un proceso de construcción permanente. Por eso, no es posible identificar una única definición, aunque la que expresa la Red Argentina de Presupuesto Participativo (RAPP)[1] es interesante para tenerla como referencia. Ellos indican que: “…es un proceso de intervención directa, permanente, voluntaria y universal en el cual la ciudadanía, conjuntamente con el gobierno, delibera y decide qué políticas públicas se deberán implementar con el presupuesto estatal”.
El PP es un dispositivo que en Argentina (como en casi todo el mundo) se aplica principalmente en los gobiernos locales. Su origen aquí se remonta a los años posteriores a la profunda crisis política, económica y social de principios de siglo XXI. El primer lugar donde se puso en marcha fue el municipio de Rosario en 2002 y le siguió una frustrada tentativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2003. En la actualidad se desarrolla en casi 60 municipios donde viven más de 11 millones de personas.
El uso del PP traspasó la frontera jurisdiccional de los gobiernos locales para alcanzar a las universidades públicas. Las universidades han contribuido a lo largo de estos años a la promoción, asesoramiento, capacitación y mejoramiento de esta práctica. Han sido capaces de acompañar a una cantidad de municipios y a diversos estamentos estatales en la implementación del PP. Por lo tanto, resulta un hecho muy interesante la aplicación del PP en la universidad, porque significa que deja de ser sólo un objeto de divulgación, asesoramiento e investigación para convertirse también en un objeto de intervención en la propia institución universitaria.
La razón de este trabajo es analizar y dar cuenta sobre las experiencias de implementación del Presupuesto Participativo en aquellas instituciones universitarias públicas que se han “animado” a aplicarlo y en la actualidad desarrollan esta política: la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (FCPyRRII-UNR), la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (FFyH-UNC).
El PP universitario en Argentina
El PP se desarrolla de una manera particular en las universidades de nuestro país, tomando en muchas ocasiones una metodología similar a la aplicada en los gobiernos municipales.
Como se sabe, esta política pública en los municipios posee un marco legal establecido en decretos u ordenanzas. De la misma manera, las universidades en la instancia de institucionalizar el PP lo hacen a través de resoluciones dictadas por sus órganos de gobierno, generalmente el Consejo Superior o, en las facultades, el Consejo Directivo. Esos órganos son los que establecen qué monto del presupuesto universitario ponen a disposición en la discusión participativa y de qué manera serán distribuidos los fondos. Todo ello queda plasmado en los reglamentos que elaboran para el desarrollo de la metodología que comprende el PP.
En los cuatro casos se prevé la adopción de fases de desarrollo del PP tales como: difusión, talleres de identificación de problemas, elaboración y presentación de proyectos, instancias de viabilidad, elecciones de los proyectos, ejecución de los proyectos ganadores y evaluación de la edición finalizada.
En relación con la toma de decisiones, en todos los casos han optado por darle un carácter vinculante. Es decir, los involucrados participan en la elaboración, son los que identifican los problemas, los que diagnostican, elaboran las propuestas, las elijen y toman las decisiones sobre las acciones a seguir.
A continuación se presentan sintéticamente el desarrollo de las cuatro experiencias, con sus respectivas particularidades y los aspectos que en común comparten.
El caso de la Universidad Nacional del Litoral
Por iniciativa de los estudiantes, que proponían idear mecanismos participativos de consulta sobre la distribución presupuestaria en la universidad, se empezó a trabajar en aplicar el PP como herramienta de decisión y participación. Para entonces, la universidad había establecido un Plan de Desarrollo Institucional para el período 2010-2019, en la cual fijó como una de sus tres líneas de orientación principal la construcción legitima de autoridad y la asignación democrática de los recursos. Otro acontecimiento destacable ocurrió durante 2012, cuando toda la comunidad universitaria rediscutió su Estatuto. La nueva norma tiene en uno de sus objetivos fomentar la participación responsable. En ese marco, la Universidad se propuso generar instrumentos de democracia y proximidad, como es el PP.
Por resolución de su Consejo Superior, en 2010 se realiza la primera edición del PP. Para éste, se establece destinar 10% del presupuesto incremental de las Secretarías de Cultura, Bienestar Universitario y Extensión para aplicar a proyectos elaborados por el claustro de estudiantes a través de mecanismos directos o semidirectos de participación.
Las fases realizadas en la primera y segunda edición fueron:
Ejecución de los proyectos ganadores. Luego del escrutinio, la Universidad asignó 10% del presupuesto de las Secretarias involucradas para ejecutar las propuestas ganadoras.
El presupuesto destinado para 2011 fue de 372 mil pesos, los cuales representaban 0,4% del gasto de la Universidad en bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias.
En la primera experiencia participaron 1.708 estudiantes, que representaron 4,16% del total de 40.834 estudiantes. Al año siguiente, sobre un total de 42.121 estudiantes, lo hicieron 1.906, lo que significó 4,53% del total. Los proyectos elegidos en 2010 fueron: “Aumento del número becas”, “Compra de material deportivo”, “Recitales de grupos locales en las sedes de Esperanza, Gálvez y Reconquista” y un “Proyecto de extensión de interés social en primer empleo”. En 2011, fueron elegidos: “Aumento del monto de becas”, “Adquisición de material deportivo”, “Compra de material bibliográfico” y un “Proyecto de extensión de interés social en economía social y solidaria”.
En la tercera edición del PP, se unificaron las ediciones 2012-2013 y se incorporaron todos los claustros (docentes, estudiantes, graduados y no docentes) en la presentación de proyectos y en su votación, dando lugar a proyectos transversales y consensuados por toda la comunidad universitaria. El monto asignado fue de 800 mil pesos y fueron priorizados aquellos proyectos que tengan impacto sobre más de un claustro. Las temáticas abordadas fueron bienestar universitario, políticas de inclusión, actividades culturales e infraestructura. Se planteó la distribución de los montos a financiar por proyecto ganador de la siguiente manera: proyectos de bajo impacto (hasta $ 50.000), de medio impacto (hasta $ 100.000) y de alto impacto (hasta $ 200.000). El nivel de impacto se determina en la instancia de validación y factibilidad realizada por equipos técnicos dependientes de las áreas centrales de gestión (Rectorado).
La tercera edición de PP tuvo una participación de 2.478 miembros de la comunidad universitaria, lo que significó 30% más que en 2011. Los miembros de los claustros podían elegir hasta dos proyectos por voto. Los proyectos ganadores fueron: “Ampliación de la infraestructura del centro de salud FAVE”, “Ampliación de la cantidad y monto de las becas de estudio”, “Por una mayor inclusión educativa”, “Más espacios y materiales de estudios”, “UNL saludable”, “Desarrollo de deportes en la sede Reconquista”, “Bienestar en la sede Gálvez” y “Bicicletero”.
El secretario general de la UNL, Pedro Sánchez Izquierdo, ha expresado que “…el PP se conforma como una política institucional para intervenir en la discusión y distribución de una parte del presupuesto universitario. Los principales desafíos eran hacer sustentable la herramienta y luego de haber transitado tres ediciones, la herramienta logró el empoderamiento de la comunidad universitaria”.
El caso de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario
El objetivo en esta casa de altos estudios es promover la participación de los estudiantes, docentes y no docentes en el proceso de toma de decisiones sobre una parte del presupuesto disponible. La titular de la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional de la Facultad, Cintia Pinillos, explica que “…esta herramienta es un dispositivo democrático que tiende a involucrar a los actores principales de las institución para favorecer la democratización del proceso de toma de decisiones y contribuir a la transparencia del manejo de los fondos públicos”.
Para llevar adelante la implementación, el Consejo Directivo estableció las Bases y un Reglamento. Hicieron la primera experiencia en el período 2011-2012 y pusieron a la discusión 10% del presupuesto incremental de los gastos de funcionamiento de la Facultad, lo que implicaba la suma de $ 60.000. Consta de tres etapas: en una primera instancia, se realizan talleres de diagnóstico, organizados por claustro, para debatir sobre las principales temáticas y situaciones problemáticas que podrían abordarse desde el PP en la Facultad. En un segundo momento, se elaboran los proyectos. Los interesados de los tres claustros, de manera individual o grupal, pueden elaborar proyectos orientados a atender temas y situaciones problemáticas que hayan sido establecidas en el diagnóstico inicial, contemplando la parte del presupuesto que le esté destinado a cada claustro. En un tercer momento, se procede a la difusión de los proyectos elaborados para que la comunidad de la Facultad se informe sobre los mismos y pueda elegir aquel proyecto que le resulte más relevante. Finalmente, se realiza la votación por claustro, para seleccionar los proyectos que se ejecutarán durante el año siguiente. Del proceso de votación pueden participar los integrantes de los distintos claustros, de manera individual y secreta.
En la primera edición, cada claustro presentaba proyectos y se votaba por claustro. En 2011, en el taller de diagnóstico participaron un total de 81 personas (de los tres claustros de la Facultad, sin contar graduados) y 37 fueron los redactores de proyectos. La elección, por claustro, era de un proyecto por persona. El total de votantes fue de 428 (58 no docentes, 253 estudiantes y 125 docentes). Los proyectos ganadores fueron “Espacio Multifuncional” (no docentes), “Refuncionalización de Sala de Profesores” (docente), “Sala Multifuncional para Estudiantes” (estudiantes).
El decano, Franco Bartolacci, comentó a mediados de 2012 que “…las principales debilidades son la inexistencia de una ciudadanía plena al realizar el PP con la lógica de división por claustro, el déficit en la llegada al claustro estudiantil y el desconocimiento previo de la herramienta y los fines de la misma”. Asumía como desafío para los próximos años que en todas las instancias del proceso la participación fuera conjunta de todos los claustros, algo logrado a fines de 2012. Se sumaba a ello la necesidad de alcanzar mayores niveles de participación y promover la creatividad para elaborar proyectos que contribuyan a resolver problemas comunes y que no estén atados a las propias lógicas de cada uno de los claustros intervinientes.
En la segunda edición (2012), las instancias de diagnóstico de problemas y elaboración de proyectos se realizaron de manera colectiva y mixta entre los distintos claustros. Participaron 51 personas en el taller de diagnóstico, (30 menos que en 2011). En la etapa de elaboración de propuestas, hubo 46 proyectistas (9 más que en 2011). Los grupos redactores, en esta ocasión, fueron de modalidad inter-claustros. Ese año comienza a participar el claustro de graduados. En la etapa de elección votaron 603 miembros de la comunidad universitaria (175 más que en 2011). El presupuesto asignado al PP en 2012 fue de $ 70.000. El proyecto inter-claustros ganador fue “Facultad Multimedia para Todos”.
En 2013, participaron 34 redactores de proyectos (12 menos que en 2012). En la elección votaron 616 personas (13 más que en 2012) y el proyecto ganador fue “Plaza Sustentable”.
El caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento
La UNGS contaba con trayectoria y experiencia en la temática del PP a través de sus equipos de investigadores-docentes que desde el año 2005 asesoraban y capacitaban a diferentes organizaciones sociales, municipios y al Estado nacional.
Fue en 2011 que las autoridades evaluaron la posibilidad de implementar el PP. Luego de un proceso de debate y perfeccionamiento entre integrantes de diferentes claustros y los representantes institucionales de cada uno de ellos, el Consejo Superior aprobó, en diciembre de 2012 y por Resolución Nº 4499, una partida específica de 350 mil pesos de recursos “no recurrentes”[2] para ser asignada a proyectos por vía del PP. El total de recursos no recurrentes incrementales que la Universidad discutió y aprobó ese año fue de $ 919.656, por lo cual, la partida asignada al PP representó 38,06%.
Según los dichos del ex Rector, e impulsor del PP en la UNGS, Eduardo Rinesi: “…el sentido del PP en la universidad está dado en potenciar la legitimación de la política, promover la disminución de desigualdades, mejorar la gestión interna de la institución y promover la democratización de las relaciones entre los diferentes claustros y con toda la comunidad universitaria”.
Por Resolución Nº 4556, el Consejo Superior aprobó el Reglamento que determinó la aplicación de los fondos, la metodología de abordaje, las formas de participación y el proceso electoral.
Entre las características principales que asumió la reglamentación, se destacan las siguientes:
La formulación, presentación y selección de proyectos son promovidas por los claustros, que fueron definidos ad hoc para este proceso, a saber: investigadores-docentes (profesores y asistentes bajo cualquier forma de contratación); estudiantes (de grado y de pregrado, incluyendo a los del curso de ingreso a la UNGS, posgrado y formación continua); personal técnico-administrativo (concursado, interino y/o contratado) y graduados.
Cada proyecto debe cumplir con cinco condiciones: a) responder a los temas que surgen de la fase de identificación de situaciones/temas de intervención; b) estar elaborados por integrantes de los claustros, de manera grupal y con al menos la participación de un mínimo de cinco firmantes, de por los menos dos claustros distintos —de los cuatro considerados— y los firmantes solo pueden ser coautores de un proyecto; c) poder ser ejecutados por la UNGS en el curso del año que fueron elegidos, o a lo sumo, en el posterior; d) ser de competencia de la UNGS y e) ningún proyecto podrá tener un costo superior a 30% ni inferior a 10% del total de los recursos afectados a la herramienta.
La participación en el resultado de la votación se fijó de manera igualitaria, en 25% para cada claustro. Los que se ejecutan son los proyectos con mayor porcentaje total de acuerdo con la ponderación indicada, y con los límites de la asignación antes mencionada, hasta alcanzar el monto total aprobado por la Universidad.
En la fase de información, se realizó la difusión sobre el significado del PP en la UNGS, su funcionamiento y el cronograma de actividades. En esta instancia, se realizaron en total 16 reuniones informativas (dos con actores claves, diez para la comunidad universitaria en general, dos en base a la solicitud de los estudiantes, una en el Centro Cultural y por último una para las agrupaciones del Centro de Estudiantes).
La fase denominada “identificación de situaciones / temas de intervención” se concretó con la realización de encuentros para debatir sobre las situaciones que podrían abordarse desde la perspectiva del PP. Fueron cinco talleres temáticos: bienestar universitario, cultura, deportes, acciones con la comunidad e infraestructura. El porcentaje de participación en los talleres, por claustro, fue de 55% para los estudiantes, 18% para los docentes, otro 18% para los graduados y el 9% restante para el personal técnico-administrativo. Luego, los integrantes de los claustros, de manera grupal, elaboraron los proyectos orientados a atender los temas surgidos en la fase anterior. Se generaron instancias colectivas para que los equipos redactores de proyectos pudieran realizar preguntas, despejar dudas, compartir avances con otros equipos y derivar a las áreas técnicas correspondientes las consultas que permitieron evaluar la factibilidad del proyecto antes de la presentación del mismo. En esta instancia, se trabajó en base a 19 propuestas. Finalmente, las áreas técnicas de la Universidad que estaban vinculas a cada uno de los proyectos determinaron su factibilidad y realizaron una devolución a los autores, indicando sugerencias u observaciones al proyecto, respetando el espíritu del mismo. Una vez adecuados los proyectos, los que alcanzaron la viabilidad y formaron parte del proceso electoral fueron diez.
La elección de los proyectos se desarrolló durante tres días, en septiembre de 2013, con un sistema de boleta única por claustro, diferenciada con un color, en la que cada votante podía elegir hasta dos proyectos. En esta instancia participaron 859 miembros de la comunidad universitaria. El porcentaje de participación por claustro fue de 3,10% en estudiantes, 16,69% en investigadores-docentes, 27,89% en personal técnico-administrativo y 2,79% en graduados. El padrón contemplaba una noción amplia de ciudadanía universitaria, ya que pudieron participar los trabajadores de las empresas concesionarias de la UNGS (personal de fotocopiadora, bar, vigilancia y maestranza), integrantes del Programa Argentina Trabaja ejecutado en la UNGS, estudiantes del curso de Aprestamiento Universitario, de las carreras de pregrado, posgrado y formación continua, los docentes y no docentes no concursados y contratados y todos los graduados.
En base a los resultados y porcentajes obtenidos por los distintos proyectos y teniendo en cuenta los fondos asignados para la totalidad del PP, resultaron aprobados: “Agrandaditos” (ampliación del espacio físico de la Escuela Infantil y Sala de Juegos), con 105 mil pesos; “Vamos que viajamos” (Ampliación de fondos para viajes de estudio y formación), con otros 105 mil pesos, e Internet para todos (mejora del servicio de Wi-Fi y redes) con 57.600 pesos. Quedó disponible para el cuarto proyecto más votado, referido a la “Mejora y ampliación de la gestión de residuos sólidos en la UNGS” un monto 82.400 pesos (el presupuesto original del proyecto ascendía a 104.724 pesos), razón por la cual se les solicitó a los autores la reformulación de la propuesta para ajustarse al monto disponible.
Finalizado el proceso electoral e iniciada la ejecución de los proyectos, existieron dos decisiones muy importantes para la edición del año 2014 (Resolución Nº 5051 del Consejo Superior), como son el incremento en 14% de la suma asignada en el año 2013 (400 mil pesos sobre 350 mil pesos) y la más decisiva por la trascendencia futura, incorporar 100 mil pesos (de esos 400 mil pesos) en el Presupuesto Base de la Universidad, lo que garantiza recursos “recurrentes” para sostener esta política en los años venideros.
En esta segunda edición[3], con la participación de 635 miembros de la comunidad universitaria, formaron parte del proceso electoral un total de 9 proyectos. Los resultados dieron como ganadores a los siguientes: “Inserción laboral y desarrollo profesional de estudiantes y graduados de la UNGS en el territorio”, con 26, 51% de los votos y un costo de 19.962 pesos; “Jugando con la cultura – Plaza CCUNGS”, con 11,54% de los votos y un costo de 113.000 pesos y “Enseñanza de Idiomas: Un puente entre la Escuela y la Universidad”, con 10,78% de los votos y un costo de 113.672 pesos. Quedó disponible un remanente de 53.366 pesos para el cuarto proyecto más votado, “Préstamos de tablets”, con 10,75% de los votos y con un presupuesto original de 119.000 pesos, situación que requiere de la reformulación del proyecto por parte de sus autores para ajustarse a ese monto.
El caso de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba
A partir de la iniciativa del decano de la Facultad, a fines de marzo de 2014, se aprueba en el Consejo Directivo el reglamento del PP, argumentando que es tradición de esa Facultad intentar avanzar en la democratización de diferentes instancias de la vida universitaria. El PP se propone como objetivo determinar el destino del excedente del presupuesto anual sin ejecutar, de manera participativa y conjunta entre docentes, no docentes, estudiantes y egresados y decidir en qué se aplicará ese excedente, mediante el reconocimiento de prioridades.
El reglamento estableció que la modalidad de asignación de recursos para la financiación de los proyectos será potestad del Consejo Directivo. Este órgano de gobierno es el que decide si es pertinente aplicar o no el PP, de acuerdo con la existencia o no de excedentes del presupuesto general de la Facultad, y si se asigna su totalidad o parte de ello. En su primera edición, se dispuso la suma de 70.000 pesos para los proyectos que se propongan, que pueden presupuestar el total o una parte de este monto.
El artículo 6º del reglamento dispone que puedan participar todos los miembros de la comunidad universitaria, o sea los cuatro claustros identificados: docentes (interinos y concursados), no docentes (interinos, contratados y concursados), estudiantes (matriculados) y egresados.
La metodología del PP se desarrolla en cinco etapas.
La primera consta de la decisión y convocatoria, que le corresponde al Consejo Directivo, que define el remanente de un porcentaje del presupuesto y convoca a concursar en la presentación de proyectos. La siguiente consiste en la elaboración y presentación de proyectos por parte de cualquier miembro de la comunidad de la Facultad. Deberán conformarse equipos en los cuales participen un mínimo de dos y un máximo de cinco personas por claustro. Las propuestas en las que no están representados todos los claustros no son habilitadas para participar. Los proyectos propuestos deben incluir un diagnóstico de aquello que se considere problemático, como así también especificar destinatarios, objetivos propuestos, resultados esperados y una programación secuenciada de las acciones y los gastos. Los gastos que se presupuestan deben ser “no recurrentes”.
Mientras, la tercera etapa contempla la evaluación técnica de cada proyecto atendiendo a su factibilidad, teniendo en cuenta aspectos económicos, estructurales y legales, entre otros. La evaluación es realizada por una comisión ad-hoc, conformada por cuatro miembros (uno de cada claustro) elegidos por el Consejo Directivo y un miembro de la Secretaria de Administración. Los proyectos aprobados por esta Comisión son dados a conocer mediante una jornada realizada a tal fin con difusión en la página web y en el boletín informativo. En la cuarta etapa, se lleva a cabo la votación de proyectos, que es de carácter obligatoria, y se realiza de manera directa por todos los miembros de la comunidad de manera igualitaria de todos los claustros. Esto es, cada voto será ponderado, con un peso de 25% para cada claustro.
Por último, la etapa de la ejecución de los proyectos es coordinada por la Secretaría de Administración y aquellas áreas afectadas por la implementación de los mismos. Los autores de los proyectos tienen la función de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.
La experiencia de implementación del PP en la FFyH es reciente, y al momento de la elaboración de este trabajo se ha desarrollado hasta la etapa de la evaluación técnica[4].
Testimonios
En este apartado, nos interesa rescatar los testimonios de las autoridades de esas casas de altos estudios sobre la experiencia realizada con el Presupuesto Participativo.
El secretario general de la UNL, Pedro Sánchez Izquierdo, afirma: “Democratizar la ejecución del presupuesto y que los involucrados hagan sentir su voz, es más que positivo. La herramienta del PP es una nueva forma de construir ciudadanía, que hace que el universitario se comprometa de una manera responsable con la Universidad. Es destacable el alto nivel de participación del claustro estudiantil y la incorporación a la agenda de la Universidad de las propuestas que no fueron las elegidas, como así también, el aporte para la comunidad sobre los asuntos económicos y presupuestarios”.
El decano de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR, Franco Bartolacci, sintetizó lo que representa la herramienta del PP: “Lo que buscamos con esta iniciativa —que fue aprobada por el Consejo Directivo en mayo de 2011 apenas asumimos y replica la experiencia que lleva adelante la Municipalidad de Rosario— es incentivar nuevos modelos de gestión para la Universidad, y está abierta a diversas inquietudes, no sólo académicas, sino también recreativas”. Luego de la primera edición, declaró que: “Lo más importante es que empezamos a encontrarnos y apropiarnos del espacio que nos pertenece a todos, desde una perspectiva plural, democrática y participativa. Ese es el camino”. Al finalizar la segunda edición, expresó: “Estaremos realizando el proyecto seleccionado el próximo año, pero también gestionaremos recursos para implementar otras propuestas que no ganaron en la elección pero que fueron muy valoradas por docentes, estudiantes, no docentes y graduados”. Con esto daba cuenta que las propuestas que no ganaron la elección pasaron a formar parte de la agenda de gestión de la Facultad.
El secretario general de la UNGS, Gustavo Ruggiero, sostuvo: “Lo que abre como posibilidad la herramienta del PP no es sólo la resolución de un problema, sino también el aprendizaje de la magnitud de la cosa pública en la propia universidad y la necesidad de abordar de manera compleja la solución de los problemas”. Prosiguió: “Es evidente que hay un conjunto de demandas tanto internas como externas que van presionando para que empiece a cambiar la fisonomía universitaria”.
Finalmente, para Ruggiero la primera experiencia en la UNGS, significó: “Si algo hubo durante estos meses fueron personas comprometidas de diversas maneras e intensidades para que esta primera experiencia concluyera de la mejor de las maneras, con proyectos que contribuirán a una mejor universidad”.
En la presentación del PP, el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Diego Tatián, sostuvo que “la implementación de esta herramienta tiene como objetivo resolver el destino del excedente del presupuesto anual sin ejecutar, de manera conjunta entre docentes, no docentes, estudiantes y egresados, promoviendo un mayor involucramiento de la comunidad”.
Conclusiones y reflexiones finales
Sin dudas, el PP, con más de veinticinco años de trayectoria en el mundo, se ha convertido en una política innovadora para la gestión pública que suma cada vez más adeptos. En Argentina, su aplicación por parte de los gobiernos locales transita una etapa de expansión. Todas las experiencias, más allá de sus rasgos, se aprecian como un elemento valioso para fortalecer los procesos democráticos en la toma de decisiones sobre la cosa pública por parte de los ciudadanos.
El uso del PP alcanzó a las universidades públicas, un lugar donde, en general, se investiga y estudia sobre el PP, se asesora a otras dependencias gubernamentales y se colabora en implementarlo. Sin embargo, un conjunto de estas instituciones han decidido dar un paso más y ponerlo en marcha dentro de ellas. La primera fue la Universidad Nacional de Litoral. Otra casa de altos estudios siguió sus pasos, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. La Universidad Nacional de General Sarmiento fue la tercera en experimentarlo, rescatando y aprendiendo de las experiencias de las otras dos. Y en 2014 se ha sumado a esta “travesura” la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, por lo cual todas estas prácticas son relativamente recientes, están atravesando una etapa de avance y requieren de un proceso de consolidación.
Los documentos que institucionalizan la propuesta del PP dejan claro que esta política se adapta, desde el ámbito territorial al universitario, para democratizar la gestión universitaria y ampliar los espacios de participación para que las situaciones a abordar se traten de manera comunitaria, democrática y transparente.
También se visualiza que el interés demostrado por los miembros de la comunidad universitaria, en cada caso, en el involucramiento del PP ha sido altamente positivo. El número de participantes, de proyectos presentados y sus temáticas dan cuenta del interés por transformar las situaciones problemáticas que encuentran en sus casas de estudios, a la vez que ponen en juego capacidades innovadoras en las posibles soluciones. Todas, algunas desde el principio como la UNGS, otras haciéndolo a medida que ganaban experiencia, involucran en el PP a todos los claustros. E intentan con proyectos transversales quebrar la lógica y los intereses que puede tener un claustro en particular y pensar en las necesidades colectivas de la institución. Como se observa en los proyectos elegidos en cada una de ellas, la experiencia ha sido auspiciosa, porque en su mayoría apuntan a asuntos relacionados con mejoras en la infraestructura, incorporan nuevos servicios y han generado el desarrollo de políticas que benefician al conjunto de la comunidad.
En el caso particular de la UNGS, otro aspecto rescatable fue la manera de abrir el juego para que exista una mayor participación, redefiniendo para este fin la composición de los claustros e incorporando otros actores, logrando un interesante mecanismo de ampliación de la ciudadanía universitaria. La decisión fue que todas las personas que cumplen alguna actividad en la UNGS, sea laboral, estudiantil, de docencia o que habían recibido un título, pudieran ejercer su derecho a voto, sin restricciones. Otra innovación en la UNGS fue el haber realizado la experiencia del PP con un proceso de elección directa y con el voto ponderado en una proporción igualitaria para cada uno de los cuatro claustros, modalidad también adoptada recientemente por la FFyH de la UNC.
La decisión, hecha tanto por la UNL como por la UNGS, de establecer para los proyectos montos mínimos y máximos, o topes de recursos según el impacto, permite darle visibilidad a lo hecho con el PP, evitando la atomización en proyectos de escasa relevancia en términos financieros. En cambio, la FFyH de la UNC decidió que los proyectos podrán ser por la totalidad del monto asignado al PP o por un monto menor, sin piso ni techo.
La metodología del PP, en cada caso, ha ido evolucionando y reformulándose de acuerdo con las circunstancias y las evaluaciones realizadas luego de cada edición, mostrando mejoras en su desarrollo y la necesidad de ir adaptando la herramienta a partir de procesos de autoevaluación.
El PP ejecutado a través de proyectos permite conocer a personas de diferentes claustros y (re)conocerse en una idea común, valorar sus diferencias y sus acuerdos para plasmarlos en un proyecto común, elaborar un presupuesto, buscar los mejores medios para hacerlo, conocer al resto de la comunidad y militar para lograr el acompañamiento de otros. Todo ello demuestra que el objetivo de relacionar las palabras “democracia”, “participación”, “asignación de recursos públicos” y “políticas públicas” es posible.
Por último, en relación con la vinculación territorial, se puede decir que muchas situaciones discutidas y abordadas por la herramienta del PP guardan relación con problemáticas de corte social y del ámbito de cada Universidad, como el empleo, la educación y, en definitiva, la igualdad.
El PP ha fomentado la generación de valor público y, más importante aún, destaca a la Universidad como un actor social relevante en el debate y en la construcción de políticas públicas. A su vez, al tratarse de un procedimiento altamente democrático e innovador (dentro del sistema universitario), requiere permanentemente de una evaluación participativa, modificaciones o nuevas acciones que movilicen e interpelen a todos. Estas últimas reflexiones van en esa línea y pretenden ser un aporte para fortalecer al PP universitario.
El porcentaje de participación a priori puede no ser relevante, ni de por sí positivo o negativo, y su evaluación depende en buena parte de la calidad de los procesos participativos. Así, la participación de una persona debidamente informada sobre el PP en varias reuniones sobre la definición de temas, el diseño y elaboración de proyectos, la elección de alternativas y el control de lo ejecutado podría valorarse como un aporte mayor que el hecho de que diez personas hayan votado un proyecto sobre el que no terminan de comprender cómo se ha originado, en qué consiste o en el marco de qué procesos se inscribe. Si la cantidad de participantes, absoluta o relativa, puede decir poco acerca del potencial de cada experiencia para profundizar la vida democrática, es importante tener en cuenta la evolución que la misma arroje en el tiempo, porque eso permitiría proyectar algunas pistas acerca de la buena salud de los procesos.
El potencial de la participación ciudadana es de por sí enorme, aún si consideramos únicamente sus efectos directos, producidos por el crecimiento personal, comunitario y como colectivo social de los que participan y deciden por sí mismos sobre el destino de una parte de los fondos públicos. Es necesario y deseable lograr una mayor participación, tanto en las etapas de identificación y elaboración de proyectos, como también en la votación. Un instrumento como el PP debe ser masivo. Es falsa la supuesta contradicción entre calidad y masividad. Se debe lograr el mayor nivel de calidad en los debates, en la elaboración de proyectos, sumando al mismo tiempo una participación más masiva que la lograda en estas primeras experiencias en el sistema universitario. Una participación escasa o reducida, o que tienda a amesetarse, no es saludable para la sustentabilidad de la herramienta. Por supuesto que un instrumento de estas características requiere de varios años para consolidarse, pero no debe perderse de vista un objetivo central del PP que es el “empoderamiento”, y este se logra, y es más democrático, cuando alcanza a miles.
Volvemos al inicio. El sistema universitario nacional se ha expandido. Tiene el desafío de convertir a la educación superior en un derecho universal, ensanchar la concepción de ciudadanía universitaria, democratizar sus órganos de gobierno, hacer efectivamente participativa sus decisiones e involucrar a la comunidad universitaria en la discusión y distribución de los recursos públicos.
El PP es un modelo de gestión pública diferente, donde su potencialidad está dada en combinar los mecanismos de la democracia “participativa” con la asignación de los recursos públicos, lo que en definitiva se convierte en una política de ampliación de derechos. Derechos a los que una frase pronunciada por la rectora de la UNGS, Gabriela Diker, sinteriza de una forma clarísima: “Creo que la universidad se trata de interrumpir destinos, de someter a la discusión las formas de reparto. Es el efecto de educar, de abrir el diálogo, de no hablar en nombre de otro y al mismo tiempo de volver propia la necesidad de otros; se trata de entender que los derechos y la igualdad no son una meta, son un principio que están en el principio”.
En definitiva, el PP es un instrumento realmente apto para concretar esas orientaciones. Los invitamos a todos aquellos que sientan la convicción de construir una universidad abierta, democrática, plural, participativa, de calidad y masiva a comprometerse e impulsar esta política.
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Notas
[1] De la que la UNGS es miembro con carácter de adherente desde 2009.
[2] Los recursos recurrentes son aquellos asignados año tras año a la universidad por la ley de Presupuesto que sanciona el Congreso de la Nación y aseguran recursos financieros para cada ejercicio fiscal. Los recursos no recurrentes son aquellos que, independientemente de su origen, son asignados por única vez y no necesariamente están garantizados en el futuro.
[3] Las elecciones se desarrollaron los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2014.
[4] La votación se realizará el 21 de octubre de 2014.
