Los diseños institucionales sí importan. Los casos de Presupuesto Participativo en Santo Tomé y Firmat (provincia de Santa Fe)

 

 

Resumen

 

En este artículo revisaremos las experiencias de Presupuesto Participativo (PP) desarrolladas en dos ciudades intermedias de la provincia de Santa Fe, una de ellas ubicada a pocos kilómetros de la ciudad capital homónima, Santo Tomé; la otra localizada al sur, a poco más de 100 km de la ciudad de Rosario.

Por su envergadura en el contexto provincial y por la cercanía con las dos ciudades centrales por su peso económico, histórico y político, Rosario y Santa Fe, se trata de experiencias innovadoras en ciudades de su tamaño - municipios de segunda categoría.

Pretendemos analizar y comparar los diseños institucionales de los PP de cada localidad para comprender sus alcances y desafíos.

 

Palabras clave: Presupuesto Participativo, diseño o arquitectura institucional, políticas públicas, Santo Tomé, Firmat.

 

Introducción

 

En Argentina, la incorporación de políticas participativas en el nivel local es un fenómeno que se inició en grandes ciudades y que recientemente se extendió hacia otras de menor envergadura. Originalmente, políticas innovadoras como planificación estratégica, descentralización y presupuestos participativos eran proyectos encarados por municipios extensos como Rosario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba o Mendoza. Sin embargo, en la actualidad se observa que 48 municipios, de muy diversa escala y ubicación geográfica, desarrollan o están en fases preliminares de implementación de Presupuesto Participativo (PP)[1] En 13 de las 23 provincias argentinas existe al menos un municipio que aplica esta herramienta de gestión participativa, y en 10 de ellas se desarrolla en su ciudad capital.[2] En 2010, uno de cada cuatro habitantes de la Argentina vivía en un municipio con PP, lo que sumaba más de ocho millones de personas (López Accotto, Martínez y Adaro, 2012).

 

Como se desprende de los datos proporcionados, un alto porcentaje de las ciudades que han incorporado elementos de gestión participativa en sus administraciones locales son municipios de más de 100 mil habitantes, y los de mayor renombre internacional son ciudades globales —en la categoría de S. Sassen (2007)— que superan el millón de habitantes.

 

La Ley Orgánica de Municipalidades (Nro. 2.756) de la provincia de Santa Fe establece en su artículo 1º que es ciudad aquella localidad de más de 10 mil habitantes; siendo de primera categoría las que superan los 200 mil y de segunda las de entre 10 mil y 199 mil habitantes.

 

Por tanto, las ciudades de Santo Tomé y Firmat —casos a los que nos abocaremos en este artículo— son urbes de segunda categoría. El primero es un municipio de mediana escala en términos globales (60 mil habitantes aproximadamente) mientras que, el segundo se presenta como de pequeña escala (20 mil habitantes). No obstante, por las característica de inframunicipalismo de la provincia de Santa Fe,[3] se trata de localidades de peso en sus territorios y respectivas regiones.[4]

 

En lo que respecta al PP, dentro de la provincia, el caso de Rosario es reconocido por su trayectoria y por ser la primera experiencia en el país.[5] Fue seguido por la ciudad de Rafaela, en tanto que en las cinco ciudades nodo se desarrolla desde hace ya varios años. Más recientes son los avances de experimentalismo democrático en ciudades de menor tamaño, como Cañada de Gómez (2011), Santo Tomé (2012), San Lorenzo (2013) y Firmat (2013).

 

Sostenemos que estudiar el modo en que cada una de estas ciudades ha diseñado el proceso de PP nos permite deducir las bases político-ideológicas que le dan sustento a esta política participativa, así como indagar sobre sus alcances en lo que hace al vínculo Sociedad Civil-Estado. Para ello analizaremos en un primer apartado, de manera teórica, la importancia de los diseños institucionales que cada municipio otorga a sus políticas. En una segunda sección describiremos lo hecho en Santo Tomé y Firmat comparando algunas variables clave de su arquitectura institucional o diseño: etapas del proceso; tipo de participación promovida; actores convocados; porcentaje del presupuesto destinado al PP; características de los espacios deliberativos y decisorios; vínculo con las autoridades municipales. Por último, abordaremos algunas conclusiones que sirvan para promover mejoras en cada uno de los casos estudiados y para futuras experiencias similares.

 

De la importancia del diseño institucional y la implementación de las políticas participativas.

 

Se suele creer que el momento de la ejecución es la etapa primordial del proceso de políticas públicas. Sin embargo, su diseño no es inocuo respecto de sus resultados. Los elementos del diseño institucional son los que dan el marco a las relaciones entre los agentes, los que delimitan sus alcances y, por tanto, son un componente principal a ser evaluado. Esta etapa, sostiene Díaz (1998), no se agota en la preparación de la propuesta sino que supone el establecimiento de garantías sobre el “compromiso de ejecución”, es decir, se trata del momento de negociación y de toma de decisiones por excelencia, las cuales afectarán la coherencia estructural de la política a ser puesta en marcha. Por lo que “toda valoración de diseño institucional debería entonces permitir evaluar la capacidad que tiene una institución para influir en la conducta de los agentes en la dirección deseada o prevista” (Ramió y Salvador, 2012:3).

 

Por otra parte, es durante la etapa de implementación que se determinan los objetivos específicos de la política, el marco normativo, los actores involucrados, los recursos necesarios, la capacitación de los recursos humanos, la programación de actividades, las formas de comunicación, etc. Aunque como sugiere Diaz (1998) “la sucesión de fases [dentro del ciclo de políticas] no obedece a una lógica lineal, secuencial o etapista”, a los fines analíticos es fundamental tenerlas presente para comprender a las políticas públicas como un proceso social complejo y, en consecuencia, como estrategias de acción colectiva que marca las fronteras de lo socialmente posible.

 

De lo desarrollado se desprende que cuando hablamos del diseño o arquitectura institucional de una política para su posterior implementación y ejecución, no lo estamos pensando como algo rígido meramente formal o legal; sobre todo, cuando hacemos referencia a ello en el marco del análisis de políticas de participación ciudadana que, a priori, deben constituirse como estructuras flexibles con capacidad de adaptarse a la urgencia de la demanda y, a su vez, a la planificación a mediano y largo plazo del territorio local.

 

Se trata del análisis del diseño institucional de las que Avritzer (2008) llama instituciones participativas, es decir, aquellas que nosotros entendemos como políticas diferenciadas que incorporan de arriba hacia abajo a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la deliberación y decisión sobre políticas.[6] Si bien no somos partidarios de la sobrevaloración del diseño para comprender su grado de éxito, a diferencia de autores como Fung y Wrigth (2003) que le atribuyen dicha capacidad, sostenemos que el mismo no es replicable sin observar otras variables importantes del contexto —como las relaciones con la sociedad civil y la voluntad política del gobierno local, lo que Avritzer (2008) denomina diseño institucional interactivo— y queremos resaltar que el diseño sí importa.

 

“Consideramos que las variaciones en los diseños participativos pueden favorecer u obstaculizar la calidad de los procesos participativos y deliberativos, así como afectar la capacidad decisoria y el funcionamiento de estos espacios […] Es decir, aun en los casos en que se presenta una sociedad civil activa y algún grado de compromiso del gobierno con una agenda participacionista, el diseño institucional puede limitar los potenciales y prácticas de participación deliberativa, dando como resultado su captura por la lógica burocrática o su reducción a un carácter ritual” (Duque Brasil y Carneiro, 2011:75).

 

En el caso puntual del Presupuesto Participativo, cuando pensamos en su diseño institucional estamos refiriéndonos a una serie de variables que hacen que cobre vital importancia para entender sus alcances.

 

Por un lado, el tipo de participación que promueve: emplazada o ampliada. La primera, entendida como aquella que se limita a pensar el desarrollo y las problemáticas territoriales más cercanas, generalmente asociadas al barrio o región en donde los participantes habitan. Los formatos de PP que sólo contemplan asambleas territoriales impulsarían este tipo de participación. La segunda, en cambio, promueve el desarrollo de proyectos a mediano y largo plazo y tiene un anclaje ya no territorial/barrial sino en la ciudad pensada como tal. Los PP que contienen en su diseño instancias de reuniones temáticas promoverían una mirada más amplia de ciudad.

 

Por otro lado, observar el rol periférico o nuclear que se les asigna a las instancias de deliberación y de decisión sobre políticas por parte de los participantes. Asociado a ello, el involucramiento y el compromiso que manifiesta la gestión local con la política, medido a partir del porcentaje de dinero que destinan al PP, su participación en las etapas deliberativas-decisorias y en el cumplimiento de las obras.

 

De este modo se vuelve evidente que para constituir al PP como una verdadera herramienta de profundización democrática hay que comenzar por darle un diseño también democrático y abierto capaz de dar respuesta a las demandas ciudadanas sin perder el horizonte de gestión. Veremos su aplicación concreta al analizar los casos de Santo Tomé y Firmat en las próximas páginas.

 

Contextualizando Santo Tomé y Firmat

 

El crecimiento urbano como característica global[7] no sólo involucra a las ciudades intermedias sino que las tiene como principales protagonistas en la provincia de Santa Fe. Según el Censo Nacional 2010, en los últimos 10 años, 66% de las localidades con más de 10 mil habitantes creció por encima de la media provincial, que es de 0,7% anual, registrándose cifras de hasta un 5% en aquellas localidades de entre 50 y 100 mil habitantes.[8] “Este crecimiento sostenido ha generado, como consecuencia, desordenados procesos de urbanización y situaciones de segregación socio-espacial, que sumados a los procesos estructurales de exclusión contribuyen negativamente a sostener niveles adecuados de cohesión social”, según el diagnóstico del propio gobierno de la provincia de Santa Fe (2014). En este contexto es que nos interesa analizar el rol del PP en estas ciudades como política de participación ciudadana por excelencia.

 

Santo Tomé fue creado como pueblo en 1872 y es elevada a la categoría de municipio en 1962. Actualmente está constituida por 32 barrios agrupados en seis regiones (norte, noroeste, noreste, oeste, este y sur)[9] y es la segunda ciudad en importancia de la región 3; conforma el área metropolitana de la ciudad capital, lo que le posibilita estar en un lugar estratégico para su desarrollo. Según el último censo, creció en más de 7 mil habitantes en los últimos diez años y cuenta actualmente con una población urbana de 66.133 en una superficie de 87,7 km2.

 

Desde 2007 su intendente es Pablo Oliver, de la UCR, partido que integra el Frente Progresista, Cívico y Social que gobierna la provincia desde ese mismo año. A fines de su primer período, en 2010, se puso en marcha el programa de Presupuesto Participativo a cargo del área de Coordinación de Desarrollo Territorial, que depende directamente de la Intendencia.

 

Se trata de una ciudad dormitorio de la capital provincial, que está atravesada por la Ruta 11. Cuenta con una buena infraestructura urbana, aunque en los últimos años se ha expandido considerablemente a partir de la creación de numerosos barrios privados.

 

Por su parte, la ciudad de Firmat fue fundada en 1888 por Don Carlos Casado del Alisal a la vera de la estación ferroviaria, y fue elevada a municipio en 1962. Es la segunda ciudad del Departamento General López en la región 5, luego de Venado Tuerto, y está compuesta por 13 barrios. Posee una población de 20 mil habitantes distribuidos en 226 km2 y gran parte de su territorio tiene características rurales.

 

La ciudad se encuentra dividida por las vías del ex ferrocarril, y a partir de esta división pueden visualizarse grandes diferencias socio-económicas y territoriales. En lo que respecta a las actividades económicas, se trata de una ciudad de sesgo agroindustrial, conocida como la capital de la maquinaria agrícola.

 

Desde 2011 su intendente es Leonel Maximino, de la UCR, que como ya se dijo integra el Frente Progresista Cívico y Social. Su antecesor durante 12 años fue otro radical, Carlos Torres, que asumió luego de casi dos décadas de intendencias peronistas. En 2013 se inició el PP, a cargo de la Secretaría de Gobierno. Para su puesta en marcha se crearon tres regiones (1,2 y 3)[10], con el criterio de evitar que se reproduzcan las viejas fracturas urbanas de la ciudad.

 

En lo que respecta a la dimensión institucional, se registra una densa red de instituciones (más de 150). En cuanto a la infraestructura urbana, hay más 450 cuadras pavimentadas y 360 con mejorado, quedando pocas calles por asfaltar. Además, más del 60% de la población cuenta con agua potable y gas.

 

 

 Fuente: elaboración propia.

 

Las improntas del diseño: el PP en Santo Tomé y Firmat

 

La ciudad de Santo Tomé inicia en 2008 un proceso de regionalización que agrupa los barrios de la ciudad, como se dijo, en seis regiones. En la Ordenanza 2662/08 que le da origen, se proclama como objetivo agilizar y dotar de mayor coherencia y eficiencia a las políticas públicas del municipio, trabajando de manera integrada entre las distintas secretarías y posibilitando un mayor compromiso ciudadano.

 

Según declaraciones del coordinador de Desarrollo Territorial, para la delimitación de las regiones se tuvieron en cuenta, además de los límites producidos por el proceso de urbanización (rutas, avenidas, vías férreas, calles troncales, etc.), la presencia del Estado municipal en cada una de ellas, ya sea a partir de un centro de salud, centro comunitario, bibliotecas, etc., para garantizar una mejor articulación en el territorio de los distintos programas de gobierno.

 

Dicha regionalización, sin embargo, no tiene actualmente injerencia directa con el programa de PP. Este, iniciado dos años después (aunque su ordenanza data de 2008), se realiza con una frecuencia anual, de a una circunscripción vecinal a la vez. Es decir, se trata de un tipo de participación absolutamente emplazada, limitada a un solo barrio de la ciudad por año, con excepción de 2012. Por tanto, se han llevado adelante cinco experiencias barriales de PP, en San Martín (2010), Adelina Este (2011), Loyola (2012), Villa Luján (2012) y Las Vegas (2013). El proceso de PP no ha tenido ningún tipo de asistencia técnica externa y el equipo actualmente está constituido sólo por dos personas.

 

Al aplicarse por circunscripciones vecinales y de una a la vez, se reduce el margen posible de participación. En el período 2010-2014 han participado un total de 1212 personas, en una proporción de 698 mujeres (58%) y 514 hombres (42%) y con la franja etaria de 40 a 60 años como la más representada. Por su parte, sólo 21% ha participado en más de una instancia u oportunidad. Durante la instancia deliberativa —asambleas— en promedio no se superan las 30 personas por vez, mientras unas 200 personas participan durante la instancia decisoria —votación—.

 

El proceso se divide en una serie de pasos poco institucionalizados, dado que no se cuenta con una reglamentación interna que lo regule. La elección del barrio que será eje de la política es potestad del intendente. Luego se convoca a los representantes de las instituciones y organizaciones sociales del barrio para informarlos sobre los ejes centrales del programa, acordar la cantidad de talleres o asambleas y fijar el día, hora y lugar de realización.

 

En los talleres de las asambleas los vecinos realizan un relevamiento comunitario de la realidad del barrio. El equipo técnico presente va clasificando las propuestas de acuerdo al área pertinente. De esta manera se va ordenando y ubicando en orden de prioridades cada propuesta. A su vez, de cada asamblea surgen al menos dos vecinos referentes, a los cuales se los mantendrá informado de todos los pasos administrativos que se realicen como así también de las próximas actividades.

 

Culminado el ciclo de talleres o asambleas (cuya cantidad y formalidad es variable en cada experiencia) las propuestas de los vecinos son evaluadas de acuerdo a criterios de factibilidad por las aéreas técnicas, priorizando las necesidades que se expusieron como más urgentes o importantes. A partir de dicha información, el municipio elabora unilateralmente tres proyectos que tienden a respetar la voluntad de los vecinos. Los mismos son presentados en una nueva asamblea general donde se explican sus características técnicas y se pacta la fecha y lugar de votación. Esta última es realizada en una sola jornada en varios lugares estratégicos del barrio elegido para el PP, donde los vecinos optan por alguno de los tres proyectos presentados por la intendencia y tienen la oportunidad de ser fiscales.

 

En consecuencia, por PP han sido elegidos cinco proyectos (uno por barrio) que ya han sido ejecutados por el municipio. Al limitarse la experiencia a una escala barrial pequeña y el margen de proyectos a ser elegidos, se han alcanzado óptimos resultados en términos de eficiencia. El hecho de que se realice por jurisdicción vecinal pone a las instituciones vecinales en el centro de la escena, aunque su existencia no es excluyente, como lo ha demostrado la experiencia desarrollada en barrio Loyola.

 

Por último, cabe mencionar que la ordenanza de creación del PP no estipula el porcentaje del presupuesto a ser destinado a dicho programa y, por tanto, también ha sido variable en cada experiencia. En las últimas dos alcanza 1%, lo que equivale a 1.500.000 pesos. Tampoco existe ningún criterio de género ni PP Joven. En lo que respecta a los medios de comunicación señalados como más efectivos por la propia área de participación ciudadana del municipio, podemos mencionar el auto parlante, la volanteada y los medios audiovisuales locales.

 

El caso Firmat, es mucho más reciente: su segunda experiencia con el PP se produjo en 2014. Para su implementación inicial el municipio optó por contar con asesoría técnica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. La ordenanza 1555/2013, que fue consensuada con la oposición legislativa, estipula que se destinará al PP 2,5% del presupuesto, cifra que en 2013 ascendía a 1.800.000 pesos. Fueron asignados 1.500.000 pesos para las tres regiones constituidas a tal efecto (de manera proporcional) y 500.000 pesos para el área temática espacios públicos.

 

Si bien en la ordenanza se estableció que el PP como programa depende directamente de la Secretaría de Gobierno, en los hechos colaboran activamente las secretarías de Finanzas, de Cultura y de Comunicación y Medios. Para la edición 2014, se decidió crear la Subsecretaría de Participación Ciudadana, que aún presenta dificultades en su constitución y funcionamiento.

 

En 2013 se redactó un reglamento interno del PP que delimita las cuestiones básicas de su funcionamiento. Se trata de un ciclo anual que consta de tres etapas: una primera ronda de asambleas para determinar problemáticas de los barrios; la conformación de la Comisión de Seguimiento Ciudadana (CSC) con delegados elegidos en asamblea para armar, junto con el municipio, los proyectos que respondan a esas demandas; y jornadas de votación para que toda la ciudad elija las obras a realizarse el siguiente año.

 

El diseño implicó contemplar tanto de un tipo de participación emplazada (asambleas y proyectos por región) como ampliada (asamblea y proyectos por temática: espacios públicos). Esta última fue innovadora como arquitectura institucional del PP en todo el país, ya que prioriza lo que Annunziatta (2013) llama el criterio territorial. A su vez, se incluyó una instancia de elaboración de proyectos por parte de los vecinos de manera conjunta con todas las secretarías municipales presentes en las reuniones de la CSC, que además sirve a los fines de órgano de control social del proceso.

 

La votación, por su parte, se realizó a lo largo de cuatro jornadas en las cuales se establecieron postas móviles por los barrios de cada región (un día por región), con la particularidad de que el primer día se hizo un domingo en un espacio público de habitual concurrencia de los habitantes de la ciudad. La comunicación a lo largo de todo el proceso fue amplia, simple, amigable y concisa: se diseñaron desde piezas gráficas a salidas en radios y TV local. También resultó muy efectivo el “puerta a puerta” a partir de una folletería domiciliaria y el auto parlante.

 

Participaron a lo largo de todo el proceso un total de 1.149 firmatenses mayores de 16 años, 5,75% de su población total, una cifra superior a la media en este tipo de políticas. Superando las tradicionales brechas y disputas entre “los de un lado y el otro de la vía”, la regionalización fue un criterio reconocido y legitimado. En total, de las asambleas participaron 185 personas, y 40 asistieron a la temática, de las cuales 23 no habían acudido a las regionales. Se registra una fuerte primacía del género masculino (59%), sin que se cuente con un criterio de discriminación positiva en tal sentido. Al ser los jóvenes la franja más subrrepresentada en 2014, se inicia el PP Joven en las tres escuelas secundarias de la ciudad.

 

De las mismas asambleas, emergieron 49 delegados que integraron efectivamente la CSC. Luego de un proceso de evaluación de los proyectos por ellos elaborados se consolidaron 36, que fueron sometidos a la votación de 904 personas: 368 de la Región 3; 302 de la Región 1 y, 227 de la Región 2, siendo elegidos 10 proyectos, de los cuales 5 se encuentran actualmente en ejecución.

 

A continuación se presenta una tabla que compara los procesos aquí descriptos:

 

 

 

Palabras finales a modo de cierre

 

De la tabla anteriormente presentada se desprenden una serie de conclusiones, que si bien no son taxativas nos permiten reconocer fortalezas, limitaciones y desafíos de los procesos de PP analizados.

 

En primer lugar, resaltamos la importancia de la institucionalización de este tipo de políticas en municipios de mediano y pequeño tamaño al interior de la provincia de Santa Fe, donde sabemos que los recursos económicos y humanos son limitados.

 

En segundo lugar, hemos marcado significativas diferencias relativas al diseño dado al PP en Santo Tomé y Firmat que marcan tendencias claras respecto de su implementación y ejecución. Podríamos señalar al respecto que el fuerte criterio territorial o de participación emplazada, limitada a un barrio por ejercicio presupuestario, es una de las mayores debilidades del proceso de la ciudad norteña, aunque ello permita un alto nivel de eficiencia en términos de cumplimiento con los proyectos elegidos por los vecinos. A esto se le suma la baja reglamentación, que imposibilita la equidad distributiva y territorial al no replicarse la experiencia de igual modo todos los años y no tener una relación directa con el proceso descentralizador.

 

A su vez, el diseño de Santo Tomé implica un bajo nivel de empoderamiento ciudadano al no ser los vecinos quienes elaboran los proyectos y, por tanto, al no constituirse una instancia de delegación y control ciudadano del proceso.

 

Como fortalezas, la ciudad de la región 3 ha conseguido la sostenibilidad del proceso y el aumento de participación interanual, así como el crecimiento del área interna municipal que se ocupa de gestionar las políticas participativas, lo cual avizora un buen futuro a dichos programas.

En lo que respecta a Firmat, su proceso de PP es incipiente pero podemos enumerar entre sus principales fortalezas: a. la delimitación regional y la existencia de una mirada temática que engloba las problemáticas de la ciudad en su conjunto; b. su alto nivel de institucionalización medido en términos de su reglamentación; c. su nivel de empoderamiento ciudadano al concretarse una instancia conjunta con el municipio de elaboración y seguimiento de los proyectos; d. la relevancia del criterio de equidad territorial desde el proceso de regionalización hasta el sistema de votación móvil por todos los barrios de la ciudad.

 

Entre sus debilidades se encuentran: a. un nulo criterio de equidad de género; b. la baja efectividad en términos de cumplimiento de obras; c. la desorganización interna respecto de la gestión del programa; d. la merma en la participación que parecía existir durante el PP 2015, lo cual pone en dudas las sostenibilidad de la política.

 

Finalmente, creemos haber podido mostrar que definitivamente el diseño sí importa. El diseño de una política pública, en este caso, participativa, es lo que establece qué tipo de vínculos han de darse entre los ciudadanos y el Estado y, por tanto, debe ser inventado, reinventado y gestionado constantemente.

 

Bibliografía

 

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Golfrank, Benjamín (2006). “Los procesos de “presupuesto participativo” en América Latina: éxito, fracaso y cambio”. Revista de Ciencia Política, vol 26, N° 2, pp. 03-28.

 

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Ramió, Carles y Miguel Salvador (2012). “El diseño institucional de la participación ciudadana en la administración local: reflexiones a partir de un estudio de caso”. Revista del CLAD Reforma y Democracia, N° 53 (Jun. 2012). Caracas.

 

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Notas

 

[1] Ver página de la Red Argentina de Presupuesto Participativo http://www.rapp.gov.ar/

 

[2] Una mirada sobre la distribución territorial de ciudades que tienen PP pueden brindar un panorama nacional en relación con esta política participativa. Se implementa en 15 municipios de Buenos Aires, incluyendo la capital provincial; en 8 de Santa Fe, incluyendo Santa Fe Capital y Rosario; en 5 de Mendoza, incluyendo la capital; en 4 de Córdoba, incluyendo la ciudad capital; en 3 de Corrientes, incluyendo la capital; en 2 de Río Negro; en las dos ciudades principales de Tierra del; en las capitales de Jujuy, Chubut y Neuquén, y en una ciudad de Santa Cruz.

 

[3] La provincia está constituida por 362 unidades administrativas, de las cuales 312 son comunas, es decir, localidades menores a 10 mil habitantes.

 

[4] Desde el año 2008, el gobierno de la provincia de Santa Fe desarrolla, en el marco de su plan estratégico, un proceso de regionalización que piensa el territorio provincial en cinco regiones cuyos nodos son cinco ciudades representativas de cada una de ellas: Nodo 1 – Reconquista; Nodo 2 – Rafaela; Nodo 3 – Santa Fe; Nodo 4 – Rosario y Nodo 5 – Venado Tuerto. La localidad de Santo Tomé se encuentra en la Región 3 mientras que Firmat, por su parte, pertenece a la Región 5. Para más información ver: http://www.santafe.gov.ar/index.php/plan_estrategico_provincial http://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP.pdf

 

[5] Hemos trabajado el caso Rosario en numerosas ocasiones. Para una revisión del mismo puede verse: Pinillos, Cintia y Signorelli, Gisela (2014), “Notas sobre participación y representación en el Presupuesto Participativo de la ciudad de Rosario, Argentina (2002-2012”). Revista Postdata Vol. 19 Nro. 1 (Abril). ISSN 1515-209X Pp. 45 a 70. http://www.revistapostdata.com.ar/2014/06/postdata-vol-19-no-1-abril-2014/. Signorelli, Gisela (2010), “Re- presentando la participación ciudadana. Análisis del Presupuesto Participativo Rosario 2006–2009”. Tesina de grado. Versión Digital en: http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=4345&tipo=objetoMultimedia

 

[6] Cabe aclarar que para Avritzer (2008) existen tres tipos de instituciones participativas, no todas caracterizadas como de arriba hacia abajo. El autor se remite en este artículo a analizar el caso brasileño y nosotros queremos marcar matices diferenciales a la hora de analizar políticas como el PP en Argentina.

 

[7] “La región (latinoamericana) tiene actualmente una tasa de urbanización de casi el 80%, la más elevada del planeta […]. Una característica del fenómeno en la región es que el giro rural-urbano se produjo en menos de 40 años (1950-1990), con un ritmo tan acelerado que se ha podido calificar de “explosión urbana” (ONU, 2012:18).

 

[8] Para más información ver http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/

 

[9]  Puede verse mapa en el anexo.

 

[10] Puede verse mapa en el anexo.

 

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