Democratizando nuestros procesos políticos: construyendo ciudadanía desde las metodologías participativas

 

 

Resumen

 

El presente capítulo repasa algunos elementos sobre los que se basan formas políticas de proceder localmente y la necesidad de incorporar imperiosamente nuevas metodologías. El pasaje de escenarios tendenciales de lógicas capitalistas a otros posibles, todavía por construir, debe nutrirse de herramientas como las del Presupuesto Participativo y de diseños construidos democráticamente.

La participación no se improvisa, el conocimiento de nuestras ciudades requiere de estrategias que permitan escucharlas, diagnosticarlas y visibilizar lo invisible. Fortalecer espacios comunitarios desde la pluralidad supone construir otros itinerarios para gestionar lo público.

El Presupuesto Participativo, visto más allá de un programa municipal y valorado como un modo de gestión participada, nos lleva a posicionarnos en un paradigma para construir ciudadanía, implementar justicia social y transformar nuestros territorios.

Estas nuevas prácticas implican repensar las bases epistemológicas, técnicas y metodológicas de hacer política, y diseñar nuevos enfoques que posibiliten crear y reforzar espacios más democráticos.

 

Palabras clave: Metodologías participativas, presupuesto participativo, gobernanza, políticas públicas, democracia representativa, democracia participativa, asambleas ciudadanas.

1. Introducción

 

Han transcurrido ya más de dos décadas desde que comenzara a utilizarse el término gobernanza para hablar de los cambios que con la llamada globalización atravesaron el final del siglo XX y dieron la bienvenida al siglo XXI. Los movimientos migratorios, los cambios políticos, los diferentes fenómenos sociales y, por supuesto, las actividades y transacciones económicas, provocaron un replanteamiento del modelo político que se venía siguiendo para gestionar los asuntos públicos.

 

La extensión de estos fenómenos permitió el paso de un modelo de gestión en el que la toma de decisiones se centra exclusivamente en el gobernante hacia uno más integral, en el que intervienen otros actores políticos, institucionales, económicos y sociales, de manera que la participación ciudadana se erigió como una condición sine qua non para cualquier gobierno que pretendiera mantener una mínima conexión con la comunidad.

 

Pero los contextos sociales y políticos son cambiantes y demandantes, mientras la ciudadanía comienza involucrarse en las transformaciones de la sociedad, exigiendo, cada vez más convencida, un papel activo en la formulación de las políticas y en la toma de decisiones que tienen que ver con el buen vivir. Surgen así nuevas necesidades y retos para los gobiernos respecto al ejercicio político-institucional. Hay una demanda global que se viene manifestando en América Latina (Brasil, Chile, Argentina, etc.), Europa (España, Grecia, Portugal, entre otros), África (Túnez), Asia (Kerala, Japón) y en los países árabes (Egipto), que comparten el mismo reclamo: democracia.

 

En todos ellos se han levantado movimientos insurreccionales que reclaman democracia real frente a élites corruptas que vienen ejerciendo el control de la política desde un modelo viejo y jerarquizado, democracia entendida no en el sentido formal del término sino basada en la intervención activa de la población, en la universalización de los derechos básicos, en el acceso a la cultura y la educación y en la decisión acerca de qué modelo de vida queremos para nuestras ciudades.

 

Preocupa la distancia, cada vez mayor, que separa al pueblo de sus políticos y el uso que éstos vienen haciendo del poder dado por los ciudadanos. Por eso se demanda una democracia que recupere su valor como gobierno del pueblo en un sistema que formalice una sociedad equitativa y donde exista un control sobre el gobierno de los políticos para darle legitimidad al sistema.

 

Los patrones neoliberales impuestos, aún activos en muchos países, han organizado las relaciones políticas en base a entramados económicos. Los continuos acuerdos entre las élites políticas y económicas, los patrones de desigualdad, la falta de una regulación sobre la extracción del plusvalor y la incapacidad para generar entornos institucionales estables ponen de manifiesto la ausencia del Estado en la oferta de mecanismos de protección social. Y, sin embargo, la población cada vez exige más una intervención en los asuntos que afectan a cada uno. Y la exige con su participación.

 

Ahora bien, pasar de un modelo a otro nos obliga a pensar cómo cada uno de estos estilos de hacer política se sustenta en bases epistemológicas, técnicas y metodológicas distintas y, por ello, diseñar nuevos enfoques que posibiliten crear y reforzar prácticas participativas y verdaderamente transformadoras se convierte en un aspecto esencial sobre el que reflexionar y actuar.

 

Las ciencias sociales en general, y las ciencias críticas aplicadas en concreto, siempre han acompañado los cambios históricos. Sin embargo, los aportes no avanzan al ritmo que la sociedad civil y muchos de los nuevos movimientos sociales vienen reclamando. Además, el conocimiento científico resulta pedante y corporativo. En palabras de Boaventura de Sousa Santos, las ciencias sociales en que muchos de nosotros nos preparamos forman parte más del problema que de la solución que buscamos.

 

La necesidad de resolver los problemas cotidianos que hoy en día se presentan en nuestras ciudades, nuestros municipios, con nuestros habitantes, siguen sin contemplar una mirada integral de los asuntos y el abordaje desde la perspectiva de la complejidad[1] resulta poco operativa. Nuestras áreas siguen trabajando de manera departamental, fracturada, y la mirada holística requiere de nuevos mecanismos prácticos y metodológicos. Pero la ciencia y la producción de conocimiento debieran ser un ejercicio de ciudadanía, un ejercicio de producción colectiva. Y este es el enfoque desde el que abordamos y planteamos el presente capítulo.

 

El diseño de las políticas públicas en general, y el presupuesto participativo en particular, necesita la apertura a la participación desde la misma formulación del proceso. También requiere de un abordaje territorial estratégico, diseñado de tal manera que aplique criterios de justicia social y trabaje en las redes, las recree y posibilite nuevos conjuntos de acción (Rodríguez Villasante, 1998). Al mismo tiempo, los proyectos que surjan de la decisión colectiva debieran venir construidos mediante procesos democráticos, abiertos, inclusivos, donde tengan lugar la creatividad, los discursos y las prácticas emergentes. Hablamos de nuevos estilos de participación, de un nuevo modelo de hacer política.

 

 

2. Un nuevo modelo de hacer política

 

Para que se produzca un cambio de modelo de gestión tienen que darse determinados condicionantes y apuestas firmes y rotundas, implementadas a través de políticas públicas elaboradas desde la gente y para la gente. Es necesario retomar la visión de la democracia como autogobierno colectivo, capaz de controlar y acotar el gobierno de los políticos para que no desplace al gobierno por el pueblo (Nun, 2002) y, para eso, es necesario un fortalecimiento de la intervención del Estado junto a la consolidación de la sociedad, de manera que se sienta capaz de intervenir en su propio destino.

 

Una gestión organizada, asegurada a partir de una participación democrática capaz de establecer criterios de equidad, provocará las bases para la transformación en distintos niveles pues, como Boaventura de Sousa Santos plantea (Sousa Santos, 2008), hay urgencia por trabajar sobre otros modelos de gestión de lo público y, necesariamente, reinventar el Estado como espacio democrático y participativo.

 

Por tanto, el cambio de que hablamos exige imaginar y fundar formas políticas que permitan un reparto de poder entre el cuerpo social y las instituciones que lo sostienen, donde el centro sea la formación de voluntades políticas que definan intereses comunes (Habermas, 2005). En definitiva, crear verdaderas escuelas de ciudadanía.

 

El saber práctico es el que mueve el mundo y la democracia participativa, planteada como acción colectiva, es la resistencia social contra algunas formas de poder (dominación y patriarcado especialmente). En este sentido, el Presupuesto Participativo no debe definirse como una actividad o programa más que encara un municipio, sino como el modelo de gestión cuyo eje central es el protagonismo popular para la construcción de una ciudad más democrática e inclusiva, y esta tarea debe asumirla todo el municipio y llevarla a cabo de manera sostenida durante todo el proceso (Definición que plantea la Red Estatal Argentina en las Jornadas de marzo 2001: “El Presupuesto Participativo a debate”).

 

La democracia representativa atraviesa una profunda crisis de legitimidad y confianza, y el modo de avanzar y superarla está en la búsqueda de un nivel superior de democratización del Estado. Pero este paso debe ser una evolución, una construcción y un proceso de cambio social orientado por el principio de la corresponsabilidad social, es decir, por la contribución al bien común y a los intereses generales de la sociedad.

 

En efecto, entre la democracia representativa y la democracia participativa se deben dar formas de combinación (coexistencia y complementariedad) que sumerjan a las instituciones en nuevos procesos, más creativos y emergentes. Estas combinaciones requieren fortalecer los espacios de democracia participativa y llevar una confluencia paulatina de aspectos comunes en materia de procedimientos, organización, diseño o administración.

 

La articulación entre ambas formas de hacer democracia es necesaria, entre otros motivos, para salir del modelo hegemónico que considera la toma de decisiones exclusiva de los órganos representativos.

 

Se trata de un desafío democrático, así como metodológico, en las prácticas de las políticas globales, y en las locales especialmente.

 

La democratización de la democracia no tiene por qué convertirse en una encrucijada, ya que existen mecanismos y procedimientos que, desde las voluntades de quienes tienen autoridad legítima, los conocimientos operativos de los expertos metodológicos y la efervescencia innovadora de la sociedad civil, pueden empezar a fortalecer nuestras instituciones públicas. Por ejemplo, la apertura a nuevos actores mediante intervenciones estratégicas, la toma de decisiones desde la conformación de espacios más democráticos y la sinergia de acciones políticas, técnicas y ciudadanas son algunos de los dispositivos a contemplar para activar una democracia real.

 

El Estado en sus distintos niveles, pero sobre todo desde el gobierno local, se presenta como el motor de las políticas activas de transformación institucional, el impulsor de procesos cogestivos con la sociedad y en el acompañante de los trayectos autogestivos. Por tanto, en el valedor de una posible democracia transparente y universal.

 

Este nivel de gobierno, mediante las políticas y los espacios principalmente de participación, tiene la clave para provocar un cambio en la forma de relacionarse la sociedad civil y potenciar el capital social. Las viejas formas de hacer política, que alimentaban el clientelismo y a través del asistencialismo difundían un discurso que no revertía en ninguna transformación real, tienen que abrirse a un cambio de paradigma. Tiene que darse el paso de lo individual a lo colectivo, de la práctica puntual al fortalecimiento de los procesos, de la mirada técnica especializada a la formulación de perspectivas más integrales, entendiendo que lo que ocurre y afecta en lo personal es de carácter político (Fernández Patón, 2013), pues tanto el Estado como el mercado son parte de la sociedad y diariamente inciden, repercuten y condicionan nuestras relaciones y las necesidades de sus miembros.

 

 

3. Participación ciudadana, un espacio para la transformación social

 

La participación es el vehículo que el Estado tiene para abrir el acceso a la información, favorecer espacios horizontales de decisión y producción y construir de manera colectiva los principios del “deber ser” como compromiso autoconstruido y no como ejercicio externo consentido.

Pero no cualquier espacio y modo de participación es transformador. La famosa escalera de la participación (Alguacil, 2006) brinda espacios donde los actores (políticos, técnicos y la comunidad) desempeñan diversos roles, conformando con ello distintos estilos de participación.

Efectivamente, la participación significa acceso a la información pero también puede ser un espacio de asistencia en el que se ofrezcan opciones y los ciudadanos participemos de esa oferta. A la vez, puede abrir las decisiones mediante la consulta ciudadana o permitir el ejercicio de la responsabilidad con canales para las sugerencias, el seguimiento o la evaluación de las políticas públicas. Pero, sobre todo, la participación puede generar espacios para la construcción colectiva, mediante el reconocimiento mutuo y la redistribución del poder. Poder para tomar decisiones, poder para incorporar nuevas fuerzas emergentes en las estructuras dominantes, poder para construir nuevos conocimientos más allá de las posturas dicotómicas, para hacer visible lo invisible, lo imperceptible (territorios y sectores poblacionales) y, por tanto, poder para realzar las creatividades sociales.

Para que se pueda producir el reparto de poder, y alcanzar que cada grupo elabore su visión de la realidad, debe forzarse el lugar de encuentro y potenciar la confluencia de ámbitos individuales con ámbitos grupales. Espacios plurales y diversos que otorgan riqueza a los procesos de participación. Espacios donde se construyan los acuerdos y se trabaje sobre la realidad social. Y este es el enfoque desde el que se erigen las Metodologías Participativas. Desde la defensa de la participación como instrumento para el cambio.

Las metodologías participativas no son un conjunto armado de técnicas y herramientas de trabajo grupal. Tampoco son, únicamente, una vertiente de trabajo en la investigación y la participación social. Las metodologías participativas suponen una concepción de la realidad que establece mecanismos de acción basadas en la interacción de la ciudadanía desde parámetros horizontales y democráticos, construidos, a su vez, de manera colectiva (Ganuza et al, 2011). Y se aplican también en el diseño y la implementación de programas colectivos.

Además de la producción, las metodologías participativas ponen el acento en el proceso mismo de construcción conjunta, ya que provocan un espacio de reparto de poder que sitúa a los actores como protagonistas de su aprendizaje y de la propia elaboración de la concepción que manejan de la realidad.

Para poder participar, especialmente bajo el paraguas de estas metodologías y en el impulso de políticas públicas de participación, son necesarios algunos acuerdos:

-Querer participar

-Poder participar

-Saber participar

 

Querer participar

La iniciativa y voluntad de involucrarse en asuntos públicos y comunes en muchas ocasiones responden a motivaciones claras de solidaridad y necesidad de implicación en actividades colectivas. Pero no siempre es así.

Para provocar la participación en procesos de gestión ciudadana deben darse algunos condicionantes que inciten e incentiven la dedicación de tiempo y energía personal. Por eso, un gobierno que apueste a abrir espacios de implicación ciudadana tiene que negociar las condiciones en que se dará este marco y tratar de ofrecer la mayor transparencia y confianza en el cumplimiento de los acuerdos colectivos.

Lamentablemente, y como consecuencia de las formas del accionar de los gobiernos neoliberales, la población vive en una esfera de descreimiento de la vida política que exige una reconstrucción urgente de los pilares sobre los que se asienta el espacio público y la actividad estatal.

Ofrecer la posibilidad de debatir sobre la gestión de recursos públicos, firmar convenios vinculantes para el desarrollo de actividades barriales, o impulsar y reconocer iniciativas ciudadanas de participación social, cultural o vecinal, son vías de apoyo y muestras de confianza que presentan un gobierno más abierto y cercano y pueden contagiar el deseo de formar parte de esta construcción de la vida pública.

 

Poder participar

Para poder participar, indudablemente, las condiciones materiales y temporales tienen que acompañar. Los espacios de actuación deben ser cercanos y públicos, con base territorial y bajo criterios de proximidad y descentralización e, inexorablemente, las políticas públicas tienen que ser universales y tender a la inclusión. Establecer mecanismos, crear los espacios y apoyarse sobre criterios de justicia social que avancen hacia la igualdad y provoquen una mínima dignidad son formas de hacer viable y real la participación equitativa.

En este sentido, se debe incorporar a los procesos de participación la perspectiva de género, de manera que integre y respete los nuevos discursos y sostenga y articule la perspectiva en los espacios de decisión y acción.

De esta manera, el “cómo” desarrollar los proyectos priorizados puede verse enriquecido si se contemplan algunos aspectos como la accesibilidad, pertinencia, que posibilite la inclusión, que garantice la igualdad, el empoderamiento, impacte especialmente en mujeres y niñas, contagie como eje transversal a todos los proyectos o desborde en nuevas políticas públicas.

El discurso homogeneizante conduce a visiones polarizadas y la participación de las mujeres en las organizaciones, así como en la sociedad, sus necesidades, dificultades y complejidades deben estar presentes en los procesos de construcción de ciudadanía.

Las relaciones de poder y la constitución de identidades están fuertemente marcadas por la estructura familiar y social, es decir, por los ámbitos de la vida pública y privada. Garantizar que las condiciones físicas y organizacionales de los procesos de participación sean horizontales e inclusivas facilita y permite incorporar la visión femenina, así como sus derechos, al imaginario colectivo.

Ajustar los horarios de las asambleas a los tiempos de la mujer, ordenar los turnos de palabra en las rondas de participación u otorgar protagonismo a la perspectiva de la mujer en las demandas o en la visión de las problemáticas, son pequeños gestos que, junto a otros que mencionaremos más adelante, permitirán la inclusión y la democratización de los espacios de toma de decisiones y, a su vez, contribuirán a construir nuevos discursos de derechos (Di Marco, 2011).

 

Saber participar

El acompañamiento de procesos de implicación en espacios ciudadanos es fundamental desde el rol del Estado como facilitador e impulsor de políticas públicas participativas.

Existen muchos mecanismos para provocar una participación transformadora desde dentro de la propia gestión pública, y también desde fuera apoyando, por ejemplo, procesos emergentes de los propios movimientos sociales o de la base popular.

Más allá de si se da por invitación o por irrupción (Ibañez, 1985), lo importante es el fortalecimiento democrático que se da durante el proceso (Habegger, 2008), por eso, la formación de los funcionarios, técnicos y vecinos en recursos no convencionales, técnicas participativas y estrategias que posibiliten abrir el marco a la pluralidad, vienen demostrando que la apertura a una nueva cultura organizativa es posible.

Así, el impulso de la creatividad popular y el fomento de valores como el respeto y la solidaridad comienzan a practicarse en experiencias políticas que requieren, más que nunca, fortalecimiento desde el sentido crítico.

Pero la ruptura no debe darse exclusivamente inventando nuevos mecanismos para democratizar las relaciones con la población. Desde la esfera administrativa también es posible implementar transformaciones si se anulan los parámetros tradicionales y se superan los tiempos y espacios marcados. Hacer un gobierno más abierto y transparente implica un salto cualitativo de apoyo a los espacios de participación real y de fortalecimiento de una nueva cultura de la participación.

Finalmente, la construcción de reglamentos de participación diseñados desde la base social, como los Autorreglamentos de Presupuestos Participativos que muchos municipios elaboran y evalúan periódicamente, también empodera a la ciudadanía y le hace protagonista de la producción colectiva.

 

4. Complejidades del hacer político

Los partidos políticos, aunque hayan surgido de movimientos sociales, cuando llegan al poder suelen adoptar rápidamente estilos de participación que les dificultan trabajar desde y con la pluralidad. Tienden a cerrar procesos y a impedir el surgimiento de otros nuevos, y no implican a los actores sociales de manera que puedan participar de la toma de decisiones políticas públicas que valoran procesos emergentes.

En ocasiones se intenta incluir nuevas voces, pero suelen darse dentro de la red de afinidad casi exclusivamente. También se generan prácticas innovadoras, pero muchas de ellas resultan espasmódicas y no perduran en el tiempo. Y los estilos de participación suelen caracterizarse o venir asociados al rol de un funcionario/a particular o a un área concreta de la gestión y no a una apuesta global de la administración pública.

Romper con los prejuicios, retomar los discursos en su esencia y no en función de dónde y de quién provienen, o analizar los aspectos que unen y no tanto lo que alejan, son tácticas que permitirían adentrarse en la complejidad y trabajar desde ella.

El desafío se encuentra en superar el enfoque tradicional que tenemos principalmente en la percepción y en la construcción de conocimiento. Concretamente, localizando y definiendo las problemáticas actuales de otra manera, deteniéndonos a planificar cómo lo haremos, entre quiénes, cuándo y para qué.

También emprendiendo procesos mucho más abiertos, fluidos y constructivos (a corto, medio y largo plazo) y creando nuevos espacios híbridos que nos posibiliten construir conocimiento e impregnarnos positivamente de los distintos actores (político, técnico y ciudadano, con mirada integral y proyección estratégica).

Elementos como el diseño estratégico de algunas de nuestras políticas nos obligan a parar y reflexionar sobre qué venimos haciendo en nuestros procesos participativos y cómo lo estamos planteando desde el punto de vista metodológico, ético y epistemológico. En definitiva, requerimos de un soporte en un nuevo paradigma.

Ello no significa dotarnos de un kit de herramientas metodológicas y aplicarlas indistintamente porque en otros lugares hayan funcionado. Esto significa diseñar inteligentemente un proceso que esté por empezar o repensar críticamente, y evaluar aspectos profundos de lo que ya venimos haciendo.

Hablar de participación ciudadana y empoderamiento resulta de gran responsabilidad política, implica retomar el verdadero sentido de lo que significa ser un servidor público y situarse responsablemente en el marco de políticas para la transformación. Sobre todo, para aquellos que creemos firmemente en que Otro Mundo es Posible y otras prácticas emergentes debieran contagiar a estructuras sólidas y anticuadas de hacer política.

Y es que las políticas públicas hoy en día necesitan pivotear sobre escenarios flexibles, críticos, ya que la política se expresa en el conjunto de la vida colectiva y no sólo en los partidos, sindicatos o concejos deliberantes. Las autoevaluaciones y la toma de decisiones consecuentes permitan redireccionar nuestros procesos para articular las distintas manifestaciones.

Los itinerarios inciertos son característicos en los abordajes sobre la complejidad, pero el diálogo, la revisión a tiempo y la redefinición compartida entre los actores protagonistas permiten avanzar coherentemente con una realidad que pide un cambio hacia formas de politización diversificadas y autónomas (Garcés, 2014).

En la práctica, ¿cómo hacerlo? El registro, la sistematización, y las devoluciones, junto con las evaluaciones, permiten proyectar puntos de inflexión constantes que redireccionan las prácticas participativas. Y los reglamentos son elementos que también orientan el accionar y la reflexión sobre el horizonte hacia el que deseamos avanzar, y el camino en el que queremos hacerlo.

 

5.- Principios y valores vertebradores

Muchos procesos están reglamentados y llegan a especificar principios y valores democráticos sobre los que se apoya el Presupuesto Participativo; sin embargo, no es fácil considerarlos operativamente.

A continuación se analizan algunos de estos principios, como de distribución equitativa, criterios de justicia social, perspectiva de género, inclusión, economía social, salto de lo individual a lo colectivo, corresponsabilidad, etc.

En primer lugar, la distribución equitativa nos introduce en una nueva concepción axiológica que nos lleva responsablemente a identificar las situaciones de vulnerabilidad y a decidir con nuevas lógicas la aplicación de verdaderos criterios de justicia. Esto nos introduciría en un análisis político necesario para planificar nuestros territorios de manera que se rediseñen las políticas, se balanceen los impactos y se reviertan las diferentes brechas existentes.

Muchas de las lógicas implementadas han desvirtuado el sentido del hacer democrático pues se han dejado influir y condicionar por las corporaciones económicas y actividades empresariales.

En otras ocasiones, es la falta de planificación estratégica del presupuesto municipal lo que no permite equilibrar las diferencias, especialmente para aquellas zonas históricamente discriminadas o para los sectores sociales excluidos.

Para revertir estas situaciones es necesaria la responsabilidad del Estado en la redistribución de los recursos y retomar la legitimación de las decisiones sobre lo público con la deliberación entre los distintos agentes y actores sociales para contribuir a realizar un reparto equitativo.

El Presupuesto Participativo, mediante la aplicación de criterios de justicia social, puede contribuir a este fin ya que dispone de espacios para fomentar el diálogo sobre valores que hacen más justa la gestión de los recursos públicos, pero se requiere de un análisis político profundo del territorio local, con datos e indicadores por áreas o zonas, así como de una estrategia y varias tácticas que faciliten la aplicación de estos criterios.

Actuando así, se pasaría de repartos igualitarios a distribuciones más justas del dinero público.

Sin embargo, ¿dónde y con quién se realizan estos análisis? ¿Disponemos de los datos necesarios para orientar la toma de decisiones? ¿Dónde y con quién se discute? ¿Qué significa aplicar a nuestras políticas criterios de justicia social en materia de distribución económica?

Algunas experiencias plantean estos desafíos en el propio pulmón del Presupuesto Participativo, en sus asambleas y/o en el Consejo Ciudadano. Otros presentan análisis más técnicos con el acompañamiento de universidades o grupos de trabajo. Y otros son definidos exclusivamente por el aparato político.

En este sentido, las mesas de trabajo específicas, con el análisis de documentación y estudios comparativos de otras experiencias y/o talleres de creatividad social, podrían orientar estas discusiones.

Pero, además, es necesario partir de la idea de que compartir información técnica de la organización del territorio así como horizontalizar la capacidad de decidir no son cuestiones que se improvisen, sino que requieren preparativos, materiales, discusiones y una metodología de abordaje con tiempos proyectados.

En algunas ocasiones, al disponer de datos poco precisos o por considerar fuentes poco actualizadas, se desvelan primeras aproximaciones en las diferencias territoriales dentro de una misma localidad que esbozan indicadores sobre los que aplicar los criterios. Por ejemplo, procediendo a la identificación grosera de zonas más favorecidas y otras no tanto en materia de transporte, pavimento, electricidad, agua, cloacas, dotación de infraestructura escolar, plazas públicas, etc.

De esta manera, se plantean orientaciones mínimas que llevan a fórmulas concretas para aplicar porcentajes en cuanto a la distribución de los montos.

En otros casos, el hecho de disponer de datos censales más actualizados a la fecha de tomar las decisiones, como por ejemplo los datos ofrecidos por el INDEC o los generados por la propia administración local, dan lugar al uso de diversas metodologías en los distintos municipios argentinos con Presupuesto Participativo.

Comienza a ejercitarse inclusive, de manera muy titubeante, el cruce entre los llamados radios censales y las cartografías digitales que posibilitan georreferenciar y hacer un mapa de situación mucho más preciso.

Sin embargo, también hay dificultades que empiezan a verse, como las escasas coincidencias entre los límites de estos radios y los límites de la organización territorial del Presupuesto Participativo con la que se trabaja. Pero aun así, se introduce un avance interesante en la lectura del territorio.

El ejercicio político para proceder a una distribución más justa comienza a pivotear sobre algunos criterios como la proporcionalidad (relacionado con la cantidad de población), la equidad (medido a través del indicador de NBI), disponibilidad de servicios públicos (vinculado a la infraestructura y servicios públicos de cada zona) u otras fuentes propias que permitan considerar los criterios de cumplimiento fiscal (recaudación real y potencial de tasas en cada zona), criterios de participación (participantes en el PP respecto a la población total de la zona) o criterios de asignación básica (pensando en un primer porcentaje de distribución a partes iguales a cada zona).

Además, existe una serie de principios a tener en cuenta a la hora de diseñar los criterios e indicadores que, siguiendo lo enunciado por el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina en su Propuesta de Plan de Trabajo de Indicadores de Gestión Pública, serían:

Homogeneidad: remite a la idea de que los indicadores han de definirse de forma que resulten comparables.

Periodicidad: que los datos deben ser correspondientes a períodos regulares en el tiempo.

Continuidad: que estudien la evolución en el tiempo y permitan que el sistema permanezca dinámico.

Validez o aceptabilidad: que los indicadores cuenten con acuerdo de las áreas técnicas que han de desarrollarlos, de modo tal de garantizar su validez y consistencia técnica, además de su relevancia que estaría garantizada por el debate en torno a ellos.

Confiabilidad y factibilidad: han de ser construidos sobre la base de información confiable y tomando datos que sean producidos con regularidad.

El enfoque sobre la perspectiva de género, los procesos inclusivos o la economía social suelen ser otros de los principios que vertebran algunas prácticas en Presupuesto Participativo que, aunque suenan a grandes paradigmas, tienen que dejar de ser exclusivamente parte de los discursos y pasar a estar presentes en la práctica y cotidianeidad.

Espacios abiertos a las distintas orientaciones ideológicas en relación con la inclusividad, enriquecen el debate y hacen confluir las perspectivas sobre los conflictos sociales.

La construcción de escenarios sociales democráticos es el eje sobre el cual las metodologías participativas cobran sentido. Fortalecerlos, pero al mismo tiempo saltar de cuadros políticos afines a la heterogeneidad de las redes, son las estrategias necesarias para generar verdaderas políticas locales de cohesión social e intervención inclusiva.

En cuanto a la perspectiva de género, para fortalecer y desarrollar una cultura equitativa que destierre la exclusión de las mujeres de la vida política, es importante ir más allá de la exigencia de la paridad, igual representación de mujeres y varones en los diferentes espacios de decisión pública.

Se requiere de una profunda renovación del funcionamiento democrático e incorporar otras visiones, nuevos discursos y nuevas luchas (mujeres indígenas, inmigrantes, con diversidad funcional, precarias, trabajadoras, madres... mujeres).

En cuanto a favorecer espacios más inclusivos, nos queda un reto por delante que es identificar nuevas redes, saltar a los diferentes, acercarnos a los ajenos, identificar a los antagónicos e, inclusive, reconocer a actores que vinculan a distintas redes de acción. El sociólogo Mark Granovetter (2000) propone analizar la función crucial que ejerce un vínculo débil en el marco de segmentos desconectados; la posible vinculación estratégica a partir de las múltiples conexiones débiles con diferentes actores podría empezar a ligar miembros de diferentes grupos pequeños. El poder del vínculo débil es la forma crucial que este autor plantea para integrar a aquellos que siguen estando desconectados y subdivididos.

Saltar a estas otras redes y/o crear nuevos conjuntos de acción, así como dinamizar a la comunidad en las distintas etapas del proceso, ayudaría a crear realmente espacios inclusivos, todos ellos retos técnico-operativos que pueden acompañar a verdaderos cambios políticos.

Diseño de juegos estratégicos para la conformación de nuevos conjuntos de acción (ver cuadro 1) llevan a plantearse bien la negociación, bien la persuasión, la seducción o en algunos casos la posible reversión de posiciones, según la situación del actor o actores en torno al para qué del proceso participativo.

 

 

 

 

De la misma forma, la introducción en otra mirada económica, como la economía social y solidaria, viene a plantear un proceso nuevamente inclusivo para integrar a las dinámicas de participación los sectores normalmente excluidos del actual mercado laboral o la economía formal. Procesos autogestivos, solidarios y cooperativos que desde otro paradigma promueven el empleo, así como el desarrollo económico local y cultural, y construyen, desde pautas de creatividad, un freno a la concepción de la desigualdad como algo natural, consecuencia directa del funcionamiento del sistema económico capitalista. Desvincular la riqueza del crecimiento y compartirla como un valor es uno de los principios a promover en la ruptura con el determinismo económico.

Por otra parte, el Presupuesto Participativo tiene una lógica que le permite implementar mecanismos de articulación para dar el salto de lo individual a lo colectivo. Proceso necesario para recomponer el tejido social y comunitario y deshacer el impulso de la individualización vertiginosa que ha atravesado la estructura social en los últimos años. Así, la participación ciudadana debe irrumpir a través del Presupuesto Participativo, para potenciar formas de organización social que favorezcan la reconstrucción de vínculos y sentidos colectivos y para recuperar el sentido político y transformador de las experiencias sociales que cada vez más parecen anécdotas de resistencia a la individualización (Subirats, 2006). Por ejemplo, pasar de la denuncia-anuncio individual a una producción colectiva requiere de técnicas concretas. El método y las técnicas que guían el diseño de los talleres de creatividad social, así mismo, pueden ofrecer apertura a diversas ideas y posibilitar la construcción de un documento participativo mediante una toma de decisiones compartida.

Muchos de estos talleres beben de fuentes tan diversas como son la educación popular latinoamericana, la animación sociocultural, la psicología organizacional o la planificación estratégica, pero el uso de los talleres debiera plantearnos algunas reflexiones, tal y como describe Joel Martí (2000, 2005) sobre lo que es y lo que no es un taller de participación.

En efecto, un taller promueve el intercambio de ideas, la creatividad grupal y la toma de decisiones de un número limitado de personas, en un tiempo reducido, por tanto, no es un grupo de discusión ni un lugar donde se descubre un discurso colectivo. Un taller permite optimizar la creatividad individual y grupal y ayuda a sistematizar los resultados.

Por el contrario, un taller no es un seminario ni un espacio supervisado por un tutor; un taller se desarrolla en un ambiente distendido, agradable, y su programación sólo tiene sentido cuando se inserta y articula en un proceso de apertura: expansión/diagnóstico, y cierre: síntesis / decisiones / corresponsabilizando a los implicados.

Tal y como se viene desarrollando, la participación de los asuntos públicos es parte de la construcción de ciudadanía, necesaria para implementar ese otro modelo de hacer política que defendemos e impulsamos desde experiencias como el Presupuesto Participativo. Pero la participación en la gestión de lo público requiere un grado de compromiso y responsabilidad que hay que construir, que hay que forjar con la confianza y el reparto de poder, con la información y comunicación continua. Así, la corresponsabilidad social supone un estilo de gestionar los recursos que puede incluirse como principio vertebrador de las experiencias concretas de Presupuesto Participativo, siempre y cuando exista voluntad por articular espacios de soberanía entre la base popular, el cuerpo técnico y el aparato político.

 

6. Aspectos metodológicos sobre los que poner el acento

Como venimos planteando, las metodologías participativas no son un conjunto de técnicas de análisis o dinámicas de grupo. Son parte de una concepción de la construcción del conocimiento, de la experiencia de hacer comunidad, del hacer política y el fundamento de la investigación-acción participativa (Fals Borda, 1990). Son una manera de hacer participativa la práctica social en la que se democratiza la construcción de saberes y se horizontaliza la distribución del poder. A través del uso de estas metodologías se hace a los actores valedores de su experiencia y conocimiento práctico, empoderándolos para ser los protagonistas de la construcción de sus vidas.

Pero, aunque aparentemente todas las experiencias de participación pueden conseguir estas consignas, sólo con un buen método, análisis de los objetivos a alcanzar y un diseño de cómo llevarlo a cabo se conseguirán resultados transformadores y válidos desde un enfoque crítico.

El uso de metodologías aparentemente participativas no siempre garantiza un proceso democrático de construcción de acciones colectivas. Es necesario construir un fin común y diseñar el proceso de deliberación y discusión para alcanzarlo.

 

6. 1. Diseños de implementación

Lamentablemente, muchas de las experiencias en Presupuesto Participativo con las que nos cruzamos en el mundo provienen de un corta, pincha y pega, en el sentido de que son diseños irreflexivos y poco contextualizados en el territorio y con las capacidades técnicas/políticas disponibles y necesarias. Hay fórmulas de procesos que funcionan en determinados contextos porque responden bien a las dinámicas de vida de sus vecinos o porque están bien asentadas en una fuerte apuesta política. Pero lo importante a considerar desde el punto de vista metodológico es la negociación inicial como el punto fuerte que permitirá implementar consecuentemente un buen diseño. Bueno o regular, es el diseño construido colectivamente por los primeros actores, y eso es el aval suficiente y necesario.

Es decir, un buen diseño podrá apoyarse en la declaración explícita política de lo que se pretende o en los dispositivos técnicos necesarios para alcanzarlos y/o en la coordinación inicial con los actores del territorio.

La negociación para implementar un Presupuesto Participativo puede nacer, por tanto, y exclusivamente, de un sector político que desea invitar a participar a la comunidad, de una discusión grupo técnico-político que comienza a esbozar un trayecto o, inclusive, de un grupo ampliado inicial con referentes ciudadanos. El primer paso, sea con los actores que fueren este primer grupo motor, no dejará de lado la apertura democrática que genere y los recursos, técnicas y metodologías necesarias para conseguirla, pues para que un proceso en Presupuesto Participativo sea algo verdaderamente idiosincrásico, exclusivo e irrepetible, tendrá que poner en juego las metodologías participativas desde el propio comienzo.

Existe la necesidad imperante de acortar las distancias y contribuir efectivamente con aportes aprovechables, tomando en cuenta las potencialidades del contexto como las capacidades, experiencias y saberes de los actores que en él se encuentran.

Construir tanto nuevos conocimientos como nuevas prácticas desde espacios plurales puede llevar a saltar de diseños dominantes (normativistas, donde se impone un proceder) a otros más negociados (superando la mera validación de la propuesta) hasta lograr, incluso, diseños emergentes que se abren estratégicamente, no partiendo de un conjunto de hipótesis de trabajo, y mucho menos de términos de referencia, sino desde los propios conceptos básicos/procedimentales que son los que se tienen que trabajar en conjunto y revisarse constantemente desde la perspectiva democrática.

Por ello, no podemos caer en paracaídas y con una caja de herramientas sin hacer un ejercicio previo que analice y consensúe el para qué de este proceso, con quiénes empezar, a quiénes implicar... Es necesario contemplar de qué manera se llevará a cabo, si con equipo de promotores o sin él, mediante un proceso vinculante o consultivo; la forma de hacerlo, con quiénes evaluarlo y reglamentarlo, con qué metodología actuar, cómo organizar el territorio (zonas, subzonas, etc.), cómo abordar la difusión, cómo organizarse con el ciclo durante el año (sus fases, el calendario, cronogramas concretos de trabajo…), etc.

Muchos de estos aspectos son los que contendría un Reglamento de PP y algunos de los puntos de la Declaración de Principio[2] enunciados en la Red Estatal Argentina podrían orientar los inicios de procesos en Presupuesto Participativo o servir de guía para incorporar nuevos mecanismos a trayectorias ya avanzadas.

Según las definiciones, las apuestas, los retos y los impactos que se desee lograr, el diseño puede dar lugar a modelos de participación normativista; basados en los tradicionales estilos clientelares —según las redes a las que decida dinamizar— o, inclusive, transformadores, basados en un enfoque estratégico y emancipador (Pindado, 2005). Y estas definiciones se tomarán en el momento de la negociación inicial.

6. 2. Planificación metodológica en Presupuesto Participativo

Un proceso en Presupuesto Participativo y con metodología participativa requiere de un diseño que permita concatenar las diversas fases que lo componen, de manera que se experimenten en los territorios concretos con la comunidad (a través de foros, asambleas de barrios, etc., o como se organice el municipio) y en los posibles espacios estratégicos con mirada global (Consejos de Ciudad, etc.).

Disponemos de la fase diagnóstica, la fase propositiva, la fase de viabilidad, la fase de priorización, la fase de ejecución, la fase de evaluación, entre las principales, aunque esto difiere en cada proceso según el diseño que el municipio haya decidido.

Sean las que fueren, lo importante aquí es el registro, la sistematización y el poder de las devoluciones entre unas y otras, de manera que sobre la fase anterior se construya el trabajo metodológico que caracteriza a la fase siguiente. Es decir, para qué se hace un diagnóstico si este no se considera en una etapa posterior de generación de propuestas, o para qué se hacen propuestas si éstas no responden a un análisis de las problemáticas de la zona, o no son revisadas en un estudio de viabilidad.

El trabajo técnico de cómo abordar cada espacio de trabajo, las técnicas, los recursos necesarios, así como la manera de registrar y documentar el proceso, serán cruciales si se quiere contemplar para la siguiente etapa.

Más complejo se hace aún a partir del segundo año de implementación, cuando dos ciclos coinciden sobre un mismo entramado territorial: el ciclo de planificación de proyectos (la discusión sobre las partidas) y el ciclo de planificación del gasto (ejecución y el seguimiento participativo sobre los proyectos priorizados el año anterior).

Los espacios formales y fijos como las asambleas, podrán o no complementarse con nuevos espacios y dinámicas de trabajo según el diseño. La operatividad, la densidad del trabajo, la cantidad de participantes y las técnicas a utilizar orientarán la formulación de estos espacios.

La secuencia lógica y básica que debe tener un proceso de Presupuesto Participativo sería (ver cuadro 2):

Difusión e Información

Diagnóstico Participativo

Propuestas ciudadanas / Viabilidad

Ejecución y Seguimiento

Evaluación

 

 

La decisión de cómo llevar a cabo las diferentes fases dependerá de la dinamización del tejido social que tengamos, de las características físicas del territorio, de los recursos que dispongamos, de la formación, capacitación y disposición del personal. Según la madurez del proceso permitirá desarrollar y mantener la participación a lo largo de un año o, por el contrario, realizar un proceso exprés, en cuatro o seis meses, que le dote de la intensidad suficiente para mantener la motivación año tras año (ver cuadro 3).

 

Fuente: Martínez y Arena (2013)

 

 

6. 3. Conocimiento del territorio

Uno de los primeros abordajes que se requieren en el momento de implementar el Presupuesto Participativo es el acercamiento al territorio, entendiendo por tal tanto una dimensión física como una dimensión social. Para el abordaje de la dimensión física se vienen experimentando con las derivas o transectos (según sean estos recorridos por ciudad o por el territorio rural). Esta técnica grupal permite pisar el territorio y posibilitar tanto el registro como la sistematización de lo que se observa, sean recursos, acontecimientos, etc., tanto en formatos cuantitativos, como en formatos georreferenciados.

Por otro lado, técnicas como el mapeo de actores o el mapa de recursos, son técnicas para el análisis inicial que permiten introducirse al territorio social. Y la identificación de informantes clave puede orientarnos inicialmente (con la reseña de dónde y quiénes más están).

Después de reconocer a los actores y las redes por las que se mueven, comenzarían las estrategias para dinamizarlas. Estos mapas se pueden hacer con fondo georreferenciado en el territorio de trabajo, mediante una base de datos, o con la ayuda de ejes de coordenada y ordenada que midan posiciones y localicen discursos, distancias, etc. (Martín Gutiérrez, 1998, 2001; Habegger, 2008). Los trazos estratégicos se plantean posteriormente con el análisis previo de la información y considerando la proyección política de lo que se desea promover en materia de participación.

Una vez conformada la red de actores, existen técnicas que posibilitan trabajar sobre grupos homogéneos y otras que permiten cruzar /enriquecerse con grupos heterogéneos, de manera que se superen los discursos y prácticas dominantes y se visibilicen los emergentes y creativos, los invisibles y los ninguneados.

Para ello, se puede trabajar desde lo discursivo (técnica de los tetralemas) o lo estratégico (redes de acción a través de los conjuntos de acción). Sea de cualquier manera, lo importante es el ordenamiento de toda la información, pues la categorización de los discursos permitirá codificar de manera que sea más manejable y al mismo tiempo conocer las posiciones varias (Rodríguez Villasante, 2006).

El Presupuesto Participativo es una herramienta que puede permitir al Estado llegar donde más se le necesita y debería ser comprendido desde su capacidad para la construcción de una mayor justicia social y reducción de desigualdades, cuestión especialmente acuciante en una región tan tremendamente desigual como es Latinoamérica.

 

7. Espacios democráticos de construcción popular

Las asambleas, el consejo ciudadano y los espacios mixtos son algunos de los dispositivos metodológicos que permiten construir ciudadanía y vivir la democracia.

 

7. 1. Las asambleas ciudadanas: la columna vertebral del Presupuesto Participativo

Las asambleas ciudadanas en procesos como el Presupuesto Participativo son, o debieran ser, la columna vertebral que oriente las transformaciones y a la vez constituir el espacio legítimo y soberano de vivencia democrática. Para que adquieran este carácter, aspectos tan sencillos como las normas de convivencia consensuadas deben considerarse en la agenda como parte de la metodología a utilizar. Y el diálogo, como fortaleza de estos espacios, requiere de mecanismos mínimos para mantenerse.

Sin embargo, la experiencia en procesos de participación demuestra que es crucial un acompañamiento que vele por el hacer democrático en estos espacios. Resulta fundamental formular normas básicas de entendimiento y comunicación y contar, a su vez, con la revisión de todos y cada uno de los actores para que no sea del moderador/promotor técnico esta responsabilidad de manera exclusiva. Sobre todo si queremos construir democracia y vivirla a la vez.

El registro y la sistematización de cada espacio vivido pluralmente (minutas, actas y sus aprobaciones en encuentros siguientes serían un ejemplo de ello) garantizarán que los acuerdos explícitos sean la huella del proceso en movimiento, disponiendo de elementos que permitan hilar los distintos puntos de inflexión que caracterizan al proceso.

Si hablamos de construir ciudadanía, debemos evitar legitimar o promover situaciones que lleven a politizar, monopolizar, reproducir discursos dominantes o silenciar la palabra para justificar posiciones de poder. Son aspectos delicados que desde las metodologías participativas debemos contemplar, posibilitando la emergencia de los diferentes discursos, opiniones y puntos de vistas. A partir de estas nuevas posiciones, el diálogo y la moderación para la construcción colectiva es otro de los elementos a considerar.

En este sentido, con talleres y espacios de deliberación, transitando del pequeño al gran grupo, se fomentará la discusión y facilitará la participación de todos los integrantes. Es de suma importancia poner en movimiento, con las devoluciones pertinentes, la producción colectiva, el documento producido de cada deliberación. De esta forma, creamos puntos de inflexión consensuados que permiten avanzar.

El registro y la devolución sistemática de los análisis, las reflexiones o la información relevada son mecanismos para fortalecer la asamblea, así como para dejar constancia de decisiones tomadas, responsabilidades adquiridas y plazos asumidos. De esta manera, pueden aprovecharse algunos mecanismos de devolución creativa que respeten la codificación de lo registrado y posibiliten la decodificación en nuevos/sucesivos espacios.

Por ejemplo, algunas experiencias demuestran cómo documentos complejos que reflejan los diagnósticos de las diversas asambleas territoriales pueden convertirse en un Diagnóstico Global de la Ciudad y presentarse de manera clara y accesible con formatos como mapas, volcado de datos en una única planilla, videos, presentaciones, cuadros/esquemas, fotografías, etc.

Es importante que los principios/valores que caracterizan al proceso orienten cualquier toma de decisiones y, en caso de que se contemplen observaciones a las fórmulas empleadas, trasladarse al momento de la evaluación con vistas a posibles modificaciones del reglamento.

 

7. 2. Celebración de consejos ciudadanos: espacios creativos y estratégicos

Los consejos ciudadanos suelen plantearse en muchos de los procesos de Presupuesto Participativo en la Argentina, pero cuando no se definen claramente las funciones que deben cumplir y se erigen como un espacio meramente formal para articular la coordinación de las asambleas pierden prácticamente su gran potencial en materia de visión estratégica de la ciudad y su capacidad para ejercer el poder como ente controlador del proceso metodológico en todos sus ciclos.

El consejo ciudadano es el muevo grupo motor que orienta y fortalece la aplicación de principios, evalúa las dificultades y revierte situaciones críticas.

Este espacio contiene muchas posibilidades todavía no explotadas que debemos ir construyendo a medida que profundicemos en la definición de una democracia real participativa, pues es el órgano máximo de deliberación que puede fortalecer una dinámica comunitaria e impulsar procesos de gestión compartida o, por el contrario, boicotear el proceso y conducir las decisiones hacia intereses sectarios.

Los consejos ciudadanos permiten mostrar la vulnerabilidad que sufren determinados sectores sociales y, a su vez, ayudan a responsabilizarnos para ser coherentes y consecuentes con los principios que vertebran el proceso.

Este empoderamiento de la población en la gestión de los asuntos públicos implica construir ciudadanía y fortalece a sus participantes como verdaderos sujetos protagonistas de la historia de vida.

Además, espacios como los mencionados nos plantean la posibilidad de transitar de paradigmas que contemplan a la población como objetos/usurarios “asistidos” y “atendidos”, y orientar nuestras prácticas hacia la intención de ir recobrando el poder suficiente para tomar decisiones que absuelvan vínculos opresivos.

El aporte metodológico para escuchar a los sectores invisibles, a los territorios silenciados, nos permitirá desvelar los saberes vivenciales y acumulados en la experiencia para ponerlo en diálogo con el conocimiento técnico/político.

 

7. 3. Espacios mixtos para metas comunes

El potencial creativo de los espacios de conformación híbrida, esto es, espacios de interrelación política, técnica y ciudadana donde los tres tipos de saber (el político, el cientificista-tecnocrático y el cotidiano-experiencial) puedan encontrarse, entenderse y fundirse, confiere un importante valor a la práctica democrática y a la transformación de nuestros territorios, en el sentido de diagnosticar situaciones como en el momento de proyectar soluciones que reviertan muchos de los problemas.

El respeto, el diálogo como la confluencia necesaria y la responsabilidad con el “bien común”, pueden atisbar nuevos itinerarios de acción. La figura mediadora de estos espacios es crucial. Una metodología de trabajo que no opaque testimonios, o proyectos inicialmente idílicos y potencie la sabiduría colectiva como la construcción de un nuevo conocimiento es lo que permitirá aprovechar las diversas capacidades, trayectorias y experiencias.

Operativamente se requerirán de la conformación de espacios de este tipo, no sólo para cumplimentar qué proyectos son posibles (la fase de estudio de viabilidad) sino para dar el salto al cómo desarrollar el proyecto e incorporar allí mismo los criterios de justicia social (perspectiva de género, inclusión de sectores excluidos, empoderamiento de actores, bien común, etc.).

Coordinar y armonizar entre las áreas municipales y las estructuras vecinales serán otros de los elementos a considerar. Mejorar los canales de comunicación, compartir información, datos, proyecciones, ideas, valorar la red de recursos disponibles y optimizar los que se disponen, son otros elementos a considerar también.

En definitiva, establecer nuevos e incipientes estilos de trabajo que incorporen puntos de vista plurales, que sean horizontales y que no pierdan la perspectiva ni los valores en el proceso.

 

8. Los Presupuestos Participativos y el desborde de las políticas públicas

Muchos de los procesos en Presupuesto Participativo disponen de un momento de construcción de propuestas sin contención metodológica ni hilo conductor que las fundamente sobre un verdadero diagnóstico participativo.

Esta fase, de crucial importancia, puede quedar vacía de contenido y valor democrático si no mantiene la coherencia con el proceso transformador, pues las propuestas emergentes suelen plantearse con poca dedicación para la reflexión y con serios errores en la percepción problemática.

Los discursos dominantes suelen definir bajo un único prisma cuáles y cómo son nuestros conflictos y nos alejan de análisis causales y teorías emergentes que nos permiten, desde un sentido de complejidad y con otra percepción, tener un conocimiento más ajustado y globalizado de los problemas concretos de cada sector social o territorial.

El reto de estas fases está en mediar en una construcción reflexiva y analítica, donde estén presentes los discursos y las posiciones dicotómicas que se viven en la ciudad, y donde se potencie el trabajo colectivo, la creatividad y la confluencia de deseos. La capacidad, además, de percibir de manera integral las situaciones problematizadas describirá un nuevo panorama, más complejo, pero más ajustado a la realidad que vivimos desde la que se pondrá de manifiesto, asimismo, que para un problema no existe una única solución válida.

En efecto, muchas de las propuestas que parten de las asambleas de Presupuesto Participativo parecen presentarse como una mera batería de ideas que no provoca el desborde de las políticas tradicionales, no plantea un desafío a la gestión convencional de los recursos públicos, y resuelven la intervención sobre el conflicto con actuaciones puntuales que sólo proponen acciones aisladas.

Para que esto sí se dé, la conjunción de propuestas debe, por un lado, verse en un plano más global, de manera que se puedan conformar proyectos y programas alineados estratégicamente con las políticas públicas, favoreciendo, al mismo tiempo, que la aportación y la participación ciudadana afloren en la gestión de la administración local.

Y, por otro lado, acompañarse de distintos actores interesados y formados en las temáticas de abordaje que posibiliten desarrollar mecanismos creativos y formas de hacer coherentes con los principios vertebradores del proceso. Por ejemplo, aplicando fórmulas de cogestión o gestión compartida es posible implementar programas de actuación barrial en espacios disponibles por parte de instituciones intermedias o barriales; utilizando recursos renovables o reciclados se reducen los costos y se actúa respetando el medio; contratando cooperativas de trabajo se impulsa una economía más sostenible y social y se generan dinámicas de autoempleo que revierten necesidades sociales...

Por último, la generación de propuestas que se lleva a cabo en Presupuesto Participativo no sólo se manifiesta en la dinamización y decisión colectiva acerca de la resolución de problemas o necesidades, sino que también implica la capacidad de introducir el punto de vista vecinal en la planificación de los asuntos comunes y en las decisiones estratégicas de cómo distribuir los recursos públicos.

 

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[1] Siguiendo a autores como Fritjof Capra, Edgar Morín o Tomás Rodríguez Villasante, se ha de definir nuevamente el concepto de complejidad tecnológica y organizadora, relacionándola con el estado dinámico del sistema que se está examinando y con nuevas dimensiones que requieren flexibilidad, aplicaciones estratégicas y creatividad, especialmente en nuestras instituciones sociales.

 

[2] El punto 4 de la Declaración plantea: “Consideramos que los presupuestos participativos así concebidos deben incluir como mínimo los siguientes criterios: Auto-reglamentación; Libre acceso a la información pública; Universal: una mujer o un hombre, un voto; Vinculante; Control ciudadano de la ejecución presupuestaria; Rendición de cuentas deliberativo. Consultado en http://www.rapp.gov.ar/index.php/quienes-somos/declaracion-de-principios.

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